Fiscalía de la Nación amplia la pesquisa preliminar e incluye a las extitulares de portafolio por los presuntos delitos de concusión y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo
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Mediante una disposición, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, tomó esta decisión en el marco de las pesquisas preliminares que abrió contra el expresidente Martín Vizcarra, quien también fue inoculado de manera subrepticia, junto a su esposa Maribel Díaz, en octubre del 2020.

De acuerdo con el documento fiscal, al que tuvo acceso Correo, los delitos imputados que se le imputa de manera preliminar a ambas funcionarias son: concusión y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

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En los próximos días, la Fiscalía tomará la declaración de Mazzetti y Astete.

Ávalos fundamentó su decisión sobre la base de que los hechos atribuidos al exmandatario Vizcarra como a las citadas exministras “convergen en el mismo contexto, presuntamente ilícito”.

En resumen, ambas fueron vacunadas “a pesar de no estar comprendidas en la lista de voluntarias para el ensayo clínico, ni en la relación de funcionarios precisados en la Fase 1 del Plan Nacional contra el COVID-19”.

En esa línea, la Fiscalía señala que “ambas altas funcionarias habrían utilizado indebidamente el cargo para obtener dicho beneficio”.

Como se recuerda, Astete renunció al cargo de canciller el último domingo, tras admitir que recibió el inmunizante de Sinopharm. Solo un día después, el presidente Francisco Sagasti reveló que Mazzetti también se había vacunado en secreto.

INDICIOS. En diálogo con Correo, el abogado penalista Andy Carrión refirió que los delitos imputados inicialmente a las exministras pueden sancionarse hasta con ocho años de cárcel.

Agregó que la Fiscalía puede pedir al Poder Judicial, en el marco de sus facultades, medidas restrictivas para las investigadas, como impedimento de salida del país o prisión preventiva.

“Como ministra de Salud, Pilar Mazzetti fue una de las funcionarias que estuvo detrás de las negociaciones con Sinopharm. Se podría decir que la vacuna que recibió fue a modo de presunta prebenda. Igual la exministra Elizabeth Astete, quien si bien llegó luego de la firma con Sinopharm, también fue inoculada”, explicó.

No obstante, Carrión indicó que el Ministerio Público debería incluir a los otros funcionarios que negociaron directamente con el laboratorio chino y que también fueron inoculados. Se sabe que fueron ocho personas, entre miembros de la Cancillería, PCM, Minsa y autoridades de las universidades Cayetano Heredia y San Marcos.

Por su parte, el abogado penalista Luis Lamas Puccio consideró que este caso tiene todos los indicios para ser calificado como una organización criminal.

“Los funcionarios beneficiados con la vacuna habrían actuado como una organización criminal, porque han habido roles y jerarquías distintas en actividades (ilícitas) permanentes, en desmedro de la necesidad de la población por las vacunas y el acceso a la salud pública”, precisó.

MÁS RENUNCIAS. Al cierre de esta edición, trascendió que la Facultad de Medicina de la UPCH pidió a las autoridades beneficiadas con las dosis de chinas que renuncien a sus puestos.

“La permanencia en sus cargos se hace insostenible y, por lo tanto, exigimos que presenten, inmediatamente, su renuncia como un primer paso para recuperar la imagen y credibilidad institucional, tan venida a menos”, reza un comunicado.

Entre tanto, el Tercio Estudiantil de la Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos presentó una moción de vacancia contra su rector, Orestes Cachay, y el vicerrector de Investigación, Felipe Antonio San Martín, quienes también fueron inmunizados.

Entre las causales del pedido contra ambos figuran la “incapacidad moral y abuso de autoridad”.

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