Verónika Mendoza también aseguró que buscará garantizar la autonomía plena del Ministerio Público y del Poder Judicial. (Foto: Leandro Britto / @photo.gec)
Verónika Mendoza también aseguró que buscará garantizar la autonomía plena del Ministerio Público y del Poder Judicial. (Foto: Leandro Britto / @photo.gec)

La candidata presidencial de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, consideró como “corrupción” que el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) haya entregado el monopolio del tren a Machu Picchu a su contendor de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien es propietario de PeruRail.

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En el debate organizado por El Comercio e IDEA Internacional, calificó de “antipatriota” al gobierno de Fujimori Fujimori y aseguró que en un eventual gobierno suyo revisará dichos contratos de concesión.

“Corrupción también es cuando un gobierno antipatriota como el del año 2000 entrega un monopolio, como el del tren Machu Picchu al señor Rafael López Aliaga, contratos que la señora Keiko Fujimori dice que no se deben revisar”, expresó.

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“Nosotros proponemos revisar (dichos contratos), poniendo por delante el interés nacional”, añadió Verónika Mendoza al señalar que la corrupción en nuestro país “está generalizada”.

“Necesitamos firmeza para que los corruptos sean sentenciados, terminen en la cárcel, pero también un cambio de reglas de juegos para prevenir la corrupción”, indicó al plantear que su propuesta se centrará primero en garantizar la autonomía plena del Ministerio Público y del Poder Judicial.

“Necesitamos una profunda reforma en tres claves: planificación, transparencia y participación ciudadana. Planificación, para que por ejemplo las obras de infraestructura no se decidan bajo la mesa, como se hizo con el Club de la Construcción, sino con criterios previamente establecidos que sean de público conocimiento”, remarcó.

“Con plena transparencia, garantizar que todas las decisiones -presupuestos, licitaciones del Estado en todos sus niveles- estén en internet, para que la prensa independiente, los ciudadanos, las rondas campesinas puedan fiscalizar permanentemente las decisiones y el uso del presupuesto del Estado en su conjunto. Finalmente, la participación ciudadana, previa capacitación a estos organismos de la sociedad civil, que son los mejores fiscalizadores de sus autoridades”, sentenció.

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