ACTUALIZACIÓN
Fuentes de Correo indicaron que una semana después de la publicación del informe, Carla Sosa, viceministra de Transportes y Comunicaciones, se despidió de los trabajadores de su despacho. Sin embargo, su salida se oficializó el 1 de julio de este año mediante resolución publicada en el diario oficial El Peruano.
NOTA PREVIA
Carla Sosa Vela asumió como viceministra de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) el 15 de setiembre de 2023.
De acuerdo con fuentes de Correo, Sosa tiene un nivel de cercanía con Arieh Gad Rohrstock, gerente general de Gilat Networks Perú S.A. Perú, una empresa implicada en un presunto acto de corrupción por una adjudicación de dos proyectos por 150 millones de dólares durante el Gobierno de Martín Vizcarra. Sin embargo, eso no fue impedimento para que Sosa asista al aniversario de la compañía en diciembre del año pasado.
DETALLES
EL 20 de noviembre de 2024, la viceministra Sosa recibió en su oficina en el Centro de Lima la invitación para asistir al 25° aniversario de Gilat, actividad que se realizaría el 5 de diciembre en Miraflores.
“Nos permitimos manifestar que, sería un privilegio contar con su valiosa presencia para conmemorar este importante hito junto a nosotros”, se lee en la invitación.
El documento lleva la firma de Arieh Rohrstock, gerente de Gilat, una empresa especializada en servicios de telecomunicaciones y la implementación de proyectos de redes a gran escala.
En las redes sociales de la compañía aparece una serie de fotos, pero no difundieron la postal donde figura la viceministra Sosa junto al gerente Arieh Gad Rohrstock y otros integrantes de Gilat. Mientras que el MTC tampoco difundió información del evento en sus redes.
Cinco días después del evento, Arieh Gad Rohrstock visitó el despacho de Carla Sosa para una reunión que se extendió por casi dos horas.
Cabe precisar que en el 2018 se creó el el Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel) que tiene entre tantas tareas, formular y evaluar los proyectos de inversión en telecomunicaciones, esta entidad depende del Viceministerio de Comunicaciones.
EL CASO
En el 2017, el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (hoy Pronatel) solicitó a Proinversión que se convoque a una licitación pública para tres proyectos de banda ancha con el objetivo de incrementar el acceso a los servicios de telecomunicaciones en las regiones de Amazonas, Ica y Lima.
El ganador fue el Consorcio GMC Conecta, así que el siguiente paso era realizar los trámites con plazos que dependían de entidades públicas. Sin embargo, durante ese proceso hubo una serie de irregularidades que la Fiscalía ya investiga (ver infografía).
Uno de ellos fue que el 8 de mayo de 2018, un representante de la empresa Gilat ingresó a una reunión Rosa Nakagawa, entonces viceministra de Comunicaciones.
Finalmente, se dejó sin efecto la buena pro que se otorgó al primer ganador y los dos proyectos fueron adjudicados a Gilat, la empresa que quedó en segundo lugar.
Para la Fiscalía, funcionarios del MTC y de Proinversión se habrían concertado con representantes de la empresa Gilat “con un plan común orientado a desadjudicar al consorcio GMC Conecta para lo cual cada funcionario debía desplegar determinados actos dentro de la entidad en la que desempeñaban funciones”.
Por ese motivo, la Fiscalía inició una investigación en 2023 a Rosa Nakagawa (viceministra de Comunicaciones), Nadia Villegas (directora general de Concesiones en comunicaciones), Alberto Ñecco (director ejecutivo de Proinversión), Aldo Laderas (director de proyecto), José Aguilar (secretario técnico del Fondo de Inversión de Telecomunicaciones) como autores y contra Arieh Gad Rohrstock (gerente general de Gilat) como cómplice de la presunta comisión de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y colusión agravada.
La pesquisa que fue calificada como compleja, ya está en la etapa de investigación preparatoria. Sin embargo, pronto se presentará la acusación.
MÁS DATOS
Es válido preguntarse si la hoy viceministra Sosa conocía o no de la investigación fiscal que tiene la empresa Gilat.
En marzo de 2023, cuando Sosa se desempeñaba como Directora General de Programas y Proyectos de Comunicaciones del MTC, recibió un oficio de requerimiento de información fue formulado por el Ministerio Público.
En el documento le pedían información sobre la concesión que ganó inicialmente GMC Conecta, pero que pasó a manos de Gilat.
Incluso, ya como viceministra, la Fiscalía le solicitó a Sosa información sobre la documentación a través de la cual se propuso a Nadia Villegas como directora general de Concesiones.
Villegas es una de las funcionarias investigada en el caso de Gilat por la Fiscalía, quien asumió el mencionado cargo en 2018 por designación de Edmer Trujillo, extitular del MTC de Martín Vizcarra.
Además, la empresa Gilat solicitó en 2023 un presupuesto adicional de 17 millones dólares por el proyecto regional en Amazonas.
Desde la empresa Gilat se hicieron una serie de visitas al viceministerio de Comunicaciones, a PCM y Pronatel.
Finalmente, la compañía obtuvo el presupuesto adicional el 27 de diciembre de 2023, documento que fue firmado por Gilat y Sarita Vilchez Castellanos, entonces directora ejecutiva de Pronatel. Según fuentes de Correo, esta última es muy amiga de la viceministra Sosa.
Este presupuesto adicional ya está en la mira fiscal.
Por otro lado, es importante mencionar que en noviembre del año pasado, un mes antes del evento al que asistió Sosa, se conoció que la Contraloría investigaba una serie de irregularidades en la red de fibra óptica en Perú.
Uno de los casos correspondía a una red regional de Cusco asignada en 2015 a Gilat para implementar el acceso y transporte de banda ancha. Sin embargo, dicha implementación de la red pasó por retrasos.
De acuerdo con información de Pronatel, según Contraloría, Gilat entregó en 2021 la red sin completarla al 100%.
ANÁLISIS
El penalista Andy Carrión explicó que si bien una fotografía no implica la presunta comisión de un delito, si es que el funcionario tiene la capacidad de decisión y se evidencia un favorecimiento a un postor, se puede hablar de los delitos de colusión, tráfico de influencias, negociación incompatible, entre otros.
“Por ejemplo, un funcionario puede no tener la capacidad de decisión, pero si tener cercanía con el gerente de un área que sí toma la decisión. Aunque es difícil atribuir responsabilidad sino hay capacidad de decisión, se puede hablar de un delito si es que el funcionario ha intercedido o gestionado a favor de una empresa”, indicó.
En diálogo con Correo, el abogado consideró que más allá del reproche moral, también se pueden iniciar acciones administrativas contra la viceministra Sosa.
“El hecho de haber asistido a un evento de un contratista del Estado, puede desembocar en un conflicto de intereses por no resguardar la neutralidad”, sostuvo.
CONFLICTO
Para Mónica Yaya, expresidenta del Tribunal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), calificó de irreflexivo la asistencia de la viceministra Carla Sosa al evento de la empresa Gilat.
“Es una actuación impropia de una viceministra. Creo que es claro que ingresa al terreno del conflicto de intereses”, indicó.
La abogada Yaya señaló que la viceministra Sosa tiene incidencia en la determinación del presupuesto de obras y también tiene cierto poder de decisión sobre la calidad de las obras entregadas.
“Si bien la viceministra no adjudica obras, hay un comité especial que lo hace, ese comité está conformado por subalternos de la viceministra”, indicó.
En diálogo con Correo, Yaya consideró que las personas a cargo de aprobar una obra están sometidas de alguna manera al poder de una viceministra y si esta es amiga de una determinada empresa, “los subalternos tendrán menos autonomía en las decisiones que van a tomar”.
“Así se puede explicar el delito de tráfico de influencias. Si bien una viceministra no necesariamente toma las decisiones del presupuesto que se va a asignar a determinada obra o a quien le corresponde la buena pro, pero en razón de su cargo utiliza ese poder para ejercer influencia sobre quien toma las decisiones”, dijo.
Desde el punto de vista de Yaya, es diferente que un viceministro supervise a un contratista a que asista a un evento.
“Se forma un conflicto entre el contratista y el Estado. A ella le corresponde asumir el papel de precaución y mantenerse en su rol de viceministra”, finalizó.
DESCARGOS
Al respecto, desde el despacho de la viceministra Sosa indicó que su presencia en el evento de Gilat respondió a una atención de carácter institucional.
“La asistencia a dicho evento no representa respaldo alguno a la empresa (...). No existe ni ha existido conflicto de interés alguno”, afirmó.
Antes de que Correo contacte con Gilat para pedirle su versión, nos escribieron por adelantado e incluso nos confirmaron que desde el MTC les comentaron el tema que este medio trabajaba.
“La participación de la viceministra se dio en ese marco abierto, público y sin agenda privada. La viceministra Sosa no está a cargo e procesos de licitación”, nos respondieron desde la compañía.
