Vicente Zeballos sobre extradición de Alejandro Toledo: "Definimos perfiles para contratar a un abogado en EE.UU.”

El 11 de enero del 2017, el expresidente Alejandro Toledo viajó a Estados Unidos. Un mes después, la justicia dictó 18 meses de prisión preventiva en su contra y ordenó su captura internacional. Luego, en mayo del 2018, se inició el proceso de extradición, aunque antes la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, anunció que se evaluaba la posibilidad de contratar a un estudio de abogados en Estados Unidos para que apoye con la asesoría jurídica al Estado Peruano. Han pasado 746 días desde que el exmandatario se encuentra prófugo y Vicente Zeballos, actual titular del Minjus, sostiene que se ha retomado la posibilidad de acreditar a un abogado ante las autoridades estadounidenses para seguir el caso.

¿Fuerza Popular está retrasando el debate de la Junta Nacional de Justicia (JNJ)?

Me preocupan algunos plazos perentorios. No tenemos quién nombre, ratifique y/o sancione. Llega abril y no hay Ley Orgánica de la JNJ, y de alguna manera esta circunstancia va a ahondar la crisis.

¿Se debería exonerar del dictamen de Constitución?

El reglamento lo permite. Pero si hubiera una actitud de prorrogar el debate, definitivamente podría el presidente del Congreso liberar el dictamen de la Comisión de Constitución y poner en agenda del pleno solamente el dictamen de Justicia. No es la idea. Sin embargo, si las situaciones son apremiantes, especialmente el factor tiempo, no quedaría otro tipo de determinación.

La Comisión de Alto Nivel ha sostenido reuniones con organizaciones políticas. ¿Se podría retomar el debate sobre el retorno a la bicameralidad?

El tema de la bicameralidad es muy importante para el país, pero no podemos pasar por alto esta mayoría gravitante y determinante que ha sido el resultado del referéndum (...), de forma inmediata que sea parte de un primer paquete de propuestas relacionadas a la reforma de política me parece que no sería lo adecuado.

¿A pesar de que quien preside la comisión ha señalado que la bicameralidad es la madre de todas las reformas?

He conversado con el doctor Tuesta. Más allá de un politólogo, es un especialista en materia de reforma política. Sin embargo, creo que en este recorrido que está haciendo está recabando distintos insumos, y obviamente es un tema importante, pero no hace menos a otras materias.

¿La denuncia que presentará Yeni Vilcatoma contra Martín Vizcarra prosperará? Durante el ejercicio de la Constitución, por el artículo 117, no procede una acusación contra el Mandatario, a no ser por cuatro causales específicas. El Presidente ha hablado de manera pública, ha mostrado documentos; inclusive su hermano debe presentarse ante la Comisión de Fiscalización para explicar el grado de relación que ha tenido el Presidente con dicha empresa (...) Es el personaje público de mayor envergadura en el país y está sujeto a todo tipo de escrutinios.

¿Entonces existe un intento por vacarlo?

Nada se descarta. Son acciones impertinentes, con escasos argumentos y que tienen una clara connotación política.

¿En qué estado se encuentra la extradición del expresidente Alejandro Toledo?

Existe un proceso de extradición admitido, impulsado por el Poder Judicial. Quienes van a ser competentes son las autoridades del Estado de California, es decir, está siguiendo su ciclo regular. Hemos evaluado, porque en la gestión de Marisol Pérez Tello se hizo una consultoría con un estudio de abogados norteamericano y la hemos retomado. Buscamos acreditar a un abogado ante Estados Unidos y que se haga el seguimiento, como en otros casos. Estamos definiendo todos los perfiles propios de una contratación para contar con un abogado que se haga representante de nuestros intereses ante el gobierno norteamericano, con la finalidad de acelerar el proceso.

¿Cuáles son sus expectativas sobre la extradición al exjuez César Hinostroza?

Nuestra lógica e interés es que este año pueda concluirse este proceso.

Así como lo sugirió con el jefe de la Ocma, ¿deberían dejar su cargo todos aquellos que tengan un “CNMAudio” cuestionable?

No es un hecho aislado. Creo que hay un comportamiento bastante delicado en su condición de alto magistrado, pero la premisa mayor es que nosotros somos respetuosos de la autonomía de los órganos constitucionales.

Usted ha señalado que no existe motivo legal para otorgar el indulto al expresidente Fujimori; sin embargo, ¿el Presidente no tiene la facultad para hacerlo?

El indulto, desde su concepción, es una potestad de presidentes; sin embargo, vivimos en un Estado de Derecho donde prima la Constitución.

Existe un dictamen en la Comisión de Justicia para otorgar arresto domiciliario a mayores de 70 años. ¿El Ejecutivo se allanaría a este proyecto?

El Ejecutivo puede observarlo. Si la figura fuera que se allana a las observaciones, no hay ningún problema. Pero, al parecer, si se ha allanado a algunas observaciones y en otras está persistiendo, y en otras se están ampliando con nuevos añadidos, estaríamos hablando de casi de un nuevo proyecto. Sigue su curso regular y el Ejecutivo tiene la opción de acudir a su revisión. Si corresponde, le dará continuidad a su promulgación o publicación.

La propuesta añade requisitos y excepciones. ¿De todos modos se observaría?

No quiero aventurarme y caer en la ligereza de un documento que no ha llegado oficialmente. El proyecto ha sido aprobado en comisión, falta un filtro ineludible, que es el pleno, donde está sujeto a modificaciones, aportes y consideraciones.

¿Le parece humano que una persona mayor de 70 años retorne a prisión?

Es una pregunta muy subjetiva. Yo visito penales todos los fines de semana (...) y en cada uno recojo de los internos una serie de quejas, denuncias y lamentos; y estos últimos impregnados de mucha humanidad; sin embargo, quienes tenemos función pública tenemos responsabilidades y tenemos que estar pegados al marco legal vigente y, en ese sentido, por más sensibilidad social que tengamos, no podemos generar diferencias entre nuestras disposiciones y resoluciones.

¿El Ministerio de Justicia estaba al tanto de las negociaciones del acuerdo con Odebrecht?

Hemos tenido dos o tres sesiones con el procurador, pero de manera informativa.

¿En qué consistían esas reuniones?

De cómo se viene desarrollando el proceso.

¿No le hablaron de cantidades de reparación?

Como ministro, presido el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, y me reúno indistintamente con todos los procuradores. Me corresponde hacer seguimiento a su labor. En este caso, la información es de carácter procesal, formal diríamos: cómo va el proceso, en qué etapa se encuentra, tiempos. Pero en cuestiones de determinaciones es potestad de los procuradores. Yo no puedo tener incidencias.

¿No le parece poca la cantidad de reparación civil?

No estoy en la disposición de calificar o descalificar el trabajo del procurador, porque decir un monto más o menos es avalar o desautorizarlo, y creo que no me corresponde.

¿Por qué cuando Salvador Heresi fue ministro habló de otras cantidades?

Él habló de $1500 millones, pero en aquella fecha no existía la Ley 30737, no había un marco que determine cómo se debe formular la reparación civil. En el caso presente, hay un marco legal que ordena la fórmula para la reparación civil, se habla de una única empresa Odebrecht y cuatro proyectos. Lo que no significa que esté cerrado (...) y que en el curso de las investigaciones pudieran surgir nuevos elementos, insumos, instrumentos que hagan que la Fiscalía evidencie que hubo corrupción en otros proyectos y se amplíe la reparación.

Odebrecht ha denunciado al Estado. ¿No se ha debido considerar ese punto en el acuerdo?

Es la Ley 30737 la que le otorga facultades a los fiscales para que en el proceso de colaboración eficaz puedan determinar este tipo de concesiones.

El procurador es dependiente del Ejecutivo, sin embargo, el presidente Vizcarra dijo que no estaba de acuerdo con que Odebrecht siga contratando con el Estado. ¿No deberían estar alineados?

La determinación de que contrate con el Estado es autoridad del fiscal. Me parece que lo dicho por el Presidente tiene una perfecta lógica.

¿Entonces usted coincide con lo dicho por el Mandatario?

No pasemos por alto que la circunstancia de acogerse a la colaboración es reconocer culpa. Yo soborné. ¿Me pueden seguir otorgando algún nivel de licencia para seguir contratando con el Estado? Pero esa es una opinión que queda allí. No salgamos del escenario de responsabilidad que tienen los fiscales. Son los fiscales quienes tienen la investigación bajo su responsabilidad, son los que tienen que evaluar y ponderar.

¿Los fiscales han podido prever estos escenarios?

La Ley 30737 habilita al fiscal a que en una circunstancia de colaboración eficaz pueda hacer determinadas concesiones. Justamente esta ley establece en qué casos.