Siente que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) está golpeada. Lo reconoce Aldo Vásquez, su vicepresidente y vocero. En esta entrevista, asegura que acudirá mañana al Congreso con sus colegas para defenderse de la denuncia que les imputa responsabilidades en el caso de Inés Tello.
¿El Congreso cuenta con los votos para inhabilitar a la Junta?
Todo es muy incierto. Depende de varios factores, pero es un mal momento para nosotros. Desgraciadamente, lo ocurrido a partir de las imputaciones respecto del doctor (Henry) Ávila generan un ambiente de tensión y de descrédito de la Junta. Eso nos afecta.
¿Siente que la JNJ llega golpeada al Congreso este lunes?
Sí. Se han producido estas imputaciones respecto del doctor Ávila sobre contactos para favorecer a una empresa minera china. Esa es una imputación seria, grave, respecto de la cual el doctor deberá defenderse en el ámbito que corresponda, seguramente en la investigación que se iniciará al respecto.
¿A la sesión del lunes irán sus abogados Samuel Abad y Omar Cairo o irán en colectivo?
Cuando menos va a ir el presidente de la Junta y yo en mi condición de vicepresidente, y es probable que vaya el resto.
¿Qué espera del lunes?
Esperamos un buen proceso porque la acusación del señor (Esdras) Medina no tiene fundamento y es arbitraria.
¿Se siente acorralado políticamente?
Hay una persecución sistemática de un sector del Congreso.
¿Se refiere al Bloque Democrático?
Son los mismos que plantean iniciativas para debilitar a la JNJ. Aquí debo mencionar a la congresista Chirinos porque fue la que dijo “primero Castillo, luego Ávalos y luego la JNJ”.
¿Apelarán a alguna institución en caso se produzca la inhabilitación?
Si ese infausto resultado se diera, evidentemente, acudiríamos a los tribunales para que se respete nuestro derecho.
¿A qué instancias?
Podría ser el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional y, si no prospera, tendríamos que llevar el tema a la Corte-IDH.
Pero mientras se resuelve, ¿no acabará el mandato de la Junta?
Eso es lo pintoresco. Para algunos es de extrema preocupación el mantenernos algunos meses más.
¿Le reconoce al Congreso la potestad de inhabilitarlo?
Solo si se cumple el debido proceso.
¿No es indispensable que el señor Guillermo Thornberry deje la institución luego de ser señalado por Villanueva?
A mí no me toca defender a ningún miembro de la Junta. El señor rechazó las declaraciones de Villanueva.
¿Han hablado con él?
Sí, nosotros le pedimos explicaciones.
¿Y qué les dijo?
Que no hablaba de temas de la Junta, que es (el “Africano”) un amigo me parece de juventud con el que ha mantenido contactos esporádicos sobre temas culturales.
¿Es grave la imputación?
Honestamente no puedo juzgar a partir de un elemento inicial que es una declaración de testigo.
¿Cuánto le decepciona lo que ocurrió con Henry Ávila?
Es pronto para hacer un juicio de valor.
Pero son varias las imputaciones...
Ahí deseo que pueda demostrar que no tiene responsabilidad alguna.
¿Su intuición que le dice?
Me pide usted demasiado.
Sobre Patricia Benavides, ¿cuáles fueron las pruebas o el criterio para suspenderla?
Allí se presentó una medida cautelar. La Junta evalúa si hay riesgos por la función que ejerce, por la capcidad de la autoridad para la obstrucción y obstaculización. No supone un adelanto de opinión.
¿El mismo criterio se aplicará para el caso de Pablo Sánchez, Rafael Vela o José Domingo Pérez?
El procedimiento en ellos está en una fase distinta porque se trata de imputaciones que son de varios años atrás. Hay que reunir una serie de elementos si corresponde la apertura de un procedimiento disciplinario.
Pero el hecho que hayan abierto una investigación preliminar en lugar de un proceso disciplinario ¿no nos dice que hay tratamiento distinto?
Es que no son casos comparables. En el caso de la señora Benavides había un mandato judicial, elementos corroborados.Diría que son situaciones distintas tanto por la condición en que interviene el declarante, que puede ser testigo o colaborador eficaz.
Los elementos son similares. De acuerdo a Villanueva, hubo un criterio político para las investigaciones fiscales, ¿no es grave?
No digo que no sea grave. Lo que digo es que en este momento hay una etapa de investigación preliminar que lo que permitirá será reunir elementos o indicios suficientes para ir a un procedimiento disciplinario.
¿Dirá lo mismo si no se abre un procedimiento disciplinario?
Por el hecho de que el señor Villanueva diga una u otra cosa, no quiere decir que todos los casos sean iguales.
Pero estamos hablando de la misma persona, doctor. Está presentando sus testimonios como pruebas.
Si usted tiene las pruebas alcánzamela.
Respóndame ¿por qué tiene validez algunos de sus dichos y en otros casos como el de Sánchez, Vela y Pérez, no?
Las especificidades de cada expediente no las podemos comentar.
¿No hay un doble rasero?
No.
¿Para usted no es grave lo que se ha dicho sobre Sánchez o Vela?
Las imputaciones que subyacen son graves donde abrimos investigaciones, por eso abrimos investigaciones.
Insisto, ¿por qué hay un doble tratamiento?
¿Esa es la agenda de la entrevista?
No, hay mucho más...
No puedo decirle sobre los expedientes más de lo que he dicho porque tendría que analizar cada uno de los elementos.
¿El señor Juan Carlos Cortés Carcelén sigue trabajando como secretario general de la JNJ?
Sí.
¿Él participó como asesor de la Comisión Especial para elegir a la Junta, verdad? ¿Elaboró los exámenes?
Entiendo que era un locador de servicios por honorarios.
Usted lo conoció antes. ¿Eran amigos?
Sí, pero no tuvimos ningún grado de amistad. Lo conocí porque fue profesor en la misma universidad donde soy profesor.
Y vicerector de la Universidad Ruiz de Montoya, ¿no?
Vicerector, sí. Pero no tenía contacto con él. Quiero decirle que el señor Cortés no diseñaba los exámenes. Fueron orales.
Pero si fueron orales debió haber un diseño para ello, ¿no?
La precisión es importante porque lo que quiere deslizar es que un colaborador por honorarios nos entregó los exámenes.
Es su interpretación, pero ¿fue así?
Esa es una interpretación absolutamente arbitraria.
¿Le parece ético que una persona que trabajó en esa comisión sea luego secretario general?
Podría entender su punto de vista si por ejemplo le pidiera al doctor Lecaros que fue presidente del Poder Judicial y que sí votó por el nombramiento, le pidiera que sea asesor mío
¿No le parece antiético?
No. Como (Cortés) no ha participado de nuestro nombramiento, creo absolutamente que no hay un conflicto ético ni mucho menos legal.
¿Imprudente?
No.
Cuando estalla la controversia por la edad de Inés Tello, la JNJ consulta a Servir y la persona que responde era una exsubordinada de Cortés. ¿Fue casualidad? ¿No cree que fue una respuesta direccionada en favor de ustedes?
Lo que siento más bien es que hay un direccionamiento de su parte. Le doy varias razones del por qué se le pide un informe a Servir: La Junta está bajo el ámbito de la Ley Servir. La comisión que nos nombró también pidió consulta a Servir. Entonces, por esas razones la Junta pide una opinión a Servir. Si fue la persona que trabajó con el señor Cortés en verdad no es relevante.
¿Por qué?
Porque la jefa de la Autoridad Nacional del Servicio Civil ratificó la opinión institucional de Servir sobre el rango de edades en la Junta.
Pero oiga, ¿el rango de edad no es un tema constitucional?
Le diría que el tema tiene diferentes ribetes...
¿Pero el principal cuál es?
Podemos decir que es constitucional, sí, pero también tenemos que afirmar la existencia del artículo 155 de la Constitución que se pretende olvidar.
El artículo 156 señala que para ser miembro de la Junta debe ser ciudadano de nacimiento, en ejercicio, no menor de 45 ni mayor a 75. ¿No lo dice claramente?
Respeto su criterio, pero ese no es el del TC, el de Servir ni del pleno de la JNJ. Con el inciso 3 del artículo 156 de la Constitución todavía puede quedar un margen de duda porque tampoco es que sea concluyente, pero cuando uno lee el artículo 155 hay un claro mandato por cinco años.
¿Por qué no pedirle al TC pronunciarse sobre la controversia de la edad?
Porque no tiene facultades para dar opiniones consultivas sobre la materia.
Pero entonces qué debió ocurrir para -al margen de Servir- resolver la controversia?
La vía hubiera sido que cualquiera que se hubiese sentido afectado, por ejemplo, los miembros suplentes, hubiesen planteado una acción de amparo.
¿Y por qué no lo hicieron?
Porque toda la comunidad jurídica sabía que estábamos procediendo correctamente.
¿Pero no pasa lo mismo con los jueces supremos o con los miembros de las FF.AA.?
Usted hace una comparación con una carrera. El sentido es precisamente dar pase a las nuevas generaciones.
O sea, la diferencia es que ustedes no hacen carrera y por ello están exentos de ese tipo de cuestionamientos...
En la Junta no hay una carrera por un mandato único y no podemos ser reelectos (...). Se pretende construir de que hubo una confabulación para favorecer a un integrante de la Junta, si hubiera sido al revés, hubiera sido lo mismo.
Esa es la base de la denuncia constitucional, ¿no?
La verdad es que no encuentro ninguna base. En la Junta no ocurre la idea de que hubo una confabulación como en otros sectores en los que “otorongo no come otorongo”. Si hubiéramos vacado a la señora Tello, hubieran dicho que nos confabulamos para que suba el primer suplente, Abraham Siles. Usted sabe que un sector de la prensa le ha dedicado carátulas al doctor Siles. Se nos dice frecuentemente o aplican esa categoría tan gaseosa de caviares. Entonces habríamos hecho las delicias de aquellos que nos atacan. Dirían “vacaron a una jueza intachable para remover a uno de los suyos”.
