Este viernes 13 de diciembre, el Pleno del Congreso aprobó la acusación constitucional contra el exministro de Salud, Víctor Zamora; así como su inhabilitación por 10 años, por el caso pruebas rápidas para detectar el COVID-19.
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Cabe precisar que Víctor Zamora, fue ministro de Salud durante el gobierno del expresidente Martín Vizcarra. El Legislativo dio luz verde a la acusación constitucional relacionado a su rol durante la pandemia del COVID-19, en medio de la crisis del oxígeno y la adquisición de 1.4 millones de pruebas rápidas.
Al extitular del Minsa se le acusa de supuesta omisión y demora de actos funcionales.
Así, con 68 votos a favor, el Parlamento aprobó el proyecto de resolución legislativa que inhabilita por 10 años para el ejercicio de la función pública a Víctor Zamora.
Acusación constitucional
Más temprano, el Congreso había aprobado la acusación constitucional contra Víctor Zamora por su presunta responsabilidad en la adquisición irregular de más de 1 millón de pruebas rápidas durante la pandemia. Acusación que incluyó la solicitud de inhabilitación por diez años para ejercer cargos públicos.
El informe fue sustentado por la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, María Acuña, y el ponente Jorge Montoya. Durante su exposición, Montoya explicó que se había corroborado que Zamora omitió sus funciones al permitir la continuación de actos administrativos irregulares en la compra de 1′400,000 pruebas rápidas, además de su deficiente gestión en la crisis del oxígeno durante la emergencia sanitaria.
Zamora, por su parte, se presentó ante el Congreso para rechazar las acusaciones. En su intervención, negó los cargos y consideró que se trataba de un juicio político sin fundamento, argumentando que la acusación carecía de pruebas y buscaba deslegitimar el trabajo de los miles de profesionales que se enfrentaron a la crisis. Aseguró que la acusación respondía a un intento de silenciar a quienes, como él, eran considerados incómodos y distraer la atención de problemas más graves.
El informe final sostiene que Zamora incumplió su deber como titular del Ministerio de Salud al no supervisar correctamente la ejecución del Decreto de Urgencia 028-2020 entre el 20 y el 29 de marzo de 2020.
Este decreto estaba destinado a regular la compra de las pruebas rápidas, pero el exministro permitió que se continuaran realizando actos administrativos irregulares. Además, se le atribuye la publicación, el 30 de marzo de 2020, de la resolución ministerial 139-2020-MINSA, que avaló las adquisiciones irregulares de las pruebas.
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