:quality(75)/author-service-images-prod-us-east-1.publishing.aws.arc.pub/elcomercio/98448bc7-d1ed-47a1-909e-fbdec178cdcd.jpg "Foto de Redacción Diario Correo")
El comandante de la PNP, Víctor Zanabria, se pronunció respecto a la carta notarial del sospechoso del crimen de Pataz, alias “Cuchillo”, a la presidenta Dina Boluarte.
En declaraciones a la prensa desde Trujillo, Zanabria indicó que Miguel Antonio Rodríguez Díaz no tiene limitaciones para presentar documentaciones sobre su situación actual.
“Esta persona (alias ‘Cuchillo’), que es la que ha presentado su carta notarial en todo su derecho, no tiene ninguna medida limitativa; además de tener los antecedentes por haber participado en un hecho similar, haber sido detenido por tenencia de armas y una granada y que ha sido juzgado, ha sido sentenciado ha cumplido su pena, no tiene ninguna medida limitativa”, expresó este martes.
Arequipa: Acusación a Gral. Víctor Zanabria se puede definir en un mes
El fiscal provincial de la Cuarta Fiscalía Especializada de Corrupción de Funcionarios, Arturo Valencia Paiva, anunció que la investigación preparatoria contra el general Víctor Zanabria Angulo terminará en un mes, por presuntamente usar 6 policías como albañiles para la remodelación al interior de la Región Policial de Arequipa, cuando fue jefe en el año 2020.
El fiscal Valencia argumentó que es un caso complejo, que involucra delitos como la corrupción de funcionarios, negociación incompatible y el abuso de autoridad, porque según, los testigos protegidos, los policías fueron obligados a trabajar, en lugar de patrullar en las calles de la ciudad. Según el reportaje televisivo que se difundió en su momento, el albañil Claver Colquehuanca, señaló que el general tenía que pagarle solo 4 mil 700 soles, pero recibió 22 mil soles y el general le pidió cobrar todo y devolver los 17 mil soles restantes.
La investigación ha sido extensa, con un total de un año y seis meses de trabajo, y se han tomado declaraciones a aproximadamente 15 testigos. “Básicamente, se investiga el uso de efectivos policiales para realizar una construcción en el interior de la Región Policial de Arequipa”, explicó Valencia. La Fiscalía determinará si requiere una acusación formal o el archivo del caso.
Valencia también indicó que la pena por los delitos imputados sería entre 6 a 15 años de prisión. Además, confirmó que hay testigos protegidos en el caso, lo que resalta la seriedad y el impacto del proceso judicial en curso.
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