Vladimir Cerrón enfrenta nueva denuncia

Procuraduría anticorrupción se incorpora a la investigación contra el líder de Perú Libre por el irregular resguardo policial.

Actualizado el 07/09/2021, 03:30 p.m.

La Procuraduría Anticorrupción denunció penalmente al fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, por el irregular resguardo que recibió por parte del suboficial PNP, Carlos Zárate.

De acuerdo con el documento, al que accedió Correo, la procuradora Nora Flores Peñaloza solicitó al Ministerio Público investigar a Cerrón por colusión y/o peculado en agravio del Estado.

En su denuncia, la abogada del Estado también incluyó al actual gobernador de Junín Fernando Orihuela Rojas -militante de Perú Libre- así como al citado agente policial, Zárate Villalobos, y los familiares de este, por presuntamente haberse beneficiado con contratos irregulares en el gobierno de dicha región.

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De esta manera, la Procuraduría Anticorrupción se incorpora a la investigación preliminar que abrió el fiscal provincial Carlos Mera Palomino, el 2 de setiembre pasado, por la cuestionada custodia policial revelada en el programa Punto Final.

De forma preliminar, Mera le imputó a los denunciados el delito de negociación incompatible, por lo que ahora deberá evaluar si admite los delitos e indicios aportados por Nora Flores.

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INDICIOS

La defensa del Estado señala que los parientes denunciados de Carlos Zárate habrían recibido un total de 25′055,209 soles en contratos con el Estado, en las regiones de Junín, Cusco y Huancavelica.

Los contratos -con gobiernos regionales y municipios ligados a Perú Libre- fueron para la ejecución de diversas obras, mantenimiento de carreteras, alquiler de maquinaria, venta de material agregado, entre otros.

Sobre la custodia policial en cuestión, la Procuraduría señala que el gobernador regional Fernando Orihuela “habría permitido o autorizado irregularmente” el resguardo policial de Carlos Zárate para Vladimir Cerrón, entre el 22 y 26 de julio. Este servicio de seguridad habría sido pagado “con caudales públicos”, debido a que Zárate fue asignado como seguridad de Orihuela, funcionario público.

Asimismo, la defensa del Estado solicitó al Poder Judicial (PJ) el levantamiento del secreto de las comunicaciones y bancario de los denunciados, además de solicitar otras diligencias.