Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, cumple hoy 542 días como prófugo de la justicia. Sin embargo, lejos de mostrar preocupación y arrepentimiento por su situación, el exgobernador regional de Junín se vanagloria -en redes sociales- de las decisiones judiciales que lo han favorecido.
De acuerdo con información revisada por Correo, desde que Cerrón Rojas pasó a la clandestinidad el 6 de octubre de 2023, el sistema de justicia lo favoreció hasta en cinco oportunidades (ver infografía).
DETALLES
Cuando Cerrón tenía un poco más de 10 meses como prófugo de la justicia, el Poder Judicial anuló una orden de 12 meses de prisión preventiva que pesaba en su contra por el Caso Antalsis.
La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional consideró que una resolución previa que dictó el juez Leodán Cristóbal Ayala, la misma que revocó comparecencia y ordenó prisión, contenía un vicio de nulidad porque no se valoró de manera adecuada los elementos de convicción para una prisión preventiva.
Sobre el caso, la Fiscalía sostiene que Cerrón integró, presuntamente, una organización criminal que lideró Martín Belaunde Lossio, red que habría defraudado al Estado con más de 26 millones de soles a través de presuntas contrataciones irregulares para obras públicas que se realizaron en el periodo que se desempeñó como gobernador regional (2011-2024).
Y si bien en diciembre de 2024 se ordenó 18 meses de prisión preventiva por el Caso Antalsis, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, nuevamente, ordenó anular dicha medida.
Al respecto, el Poder Judicial consideró que el juez Jorge Chávez Tamariz no motivó de manera adecuada su decisión, porque no fundamentó en su fallo si existían graves evidencias contra Cerrón.
ALAS
Otro caso victorioso de Cerrón es el conocido como Aeródromo Wanka, en el que se le acusó por concertar, en calidad de gobernador regional, la suscripción de un contrato para la construcción de un aeródromo que no tenía la autorización de la Dirección General de Aeronáutica Civil.
Unos días antes de Navidad de 2024, el Tribunal Constitucional decidió anular su condena de prisión efectiva de tres años y seis meses.
El tribunal consideró que el Poder Judicial no determinó si el delito de colusión simple era instantáneo, continuado y permanente.
Además, señalaron que no se especificó la decisión por la que el proceso no fue declarado prescrito.
Precisamente, Cerrón pasó a la clandestinidad cuando fue sentenciado por este caso.
A esto se le suma que la Corte Suprema decidió, recientemente, absolver y anular la condena por el mencionado caso.
El juez César San Martín precisó, durante la lectura del fallo, que no se pudo probar el delito de colusión y que la única prueba presentada fue la suscripción del contrato.
UNO MÁS
La fortuna judicial no deja de sonreírle al prófugo Cerrón, muestra de ello es que el último viernes el Tribunal Constitucional declaró nula la sentencia del 2019 de cuatro años y ocho meses que le fue impuesto por el delito de negociación incompatible en el Caso La Oroya.
Sobre este caso, Cerrón fue acusado junto a otros procesados, de haberse interesado de manera directa e indebida, en la ampliación del plazo 3 de la obra, Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de La Oroya, con la finalidad de favorecer de forma indebida al Consorcio Altiplano con la suma de 850 mil soles, a pesar de carecer de sustento.
La resolución del tribunal concluye que las sentencias de primera y segunda instancia, carecen de motivación.
“La propia sentencia expresa que no es el único hecho por el que se acredita la responsabilidad penal del favorecido, sino que también resultan relevantes los hechos previos, pero sin precisar cuáles. La sentencia no explica de qué manera actuaron de forma coordinada”, refiere el documento.
En otro momento, el fallo del tribunal señala que s bien se detalló que existió un interés de parte de Cerrón para pagar a un contratista, “no se desarrolló de manera objetiva y razonable la existencia de un interés indebido ajeno al ejercicio de sus funciones como entonces gobernador regional de Junín”.
El habeas corpus de Cerrón Rojas contra las sentencias condenatorias fue respaldado por los magistrados Helder Domínguez, Francisco Morales, Gustavo Gutiérrez y Pedro Hernández (ponente). En tanto, los magistrados Luz Pacheco, Manuel Monteagudo y César Ochoa votaron por rechazar el recurso.
ANÁLISIS
Sobre Vladimir Cerrón todavía pesar una orden de prisión preventiva de 24 meses por el caso de aportes irregulares a su agrupación.
Al respecto, el penalista Luis Lamas Puccio explicó que si un juez evalúa un recurso para la revocatoria de la preventiva, tendrá que valorar la situación de clandestinidad de Cerrón.
“El juez debe definir si persiste o no un peligro de fuga, porque ese peligro de fuga es una exigencia para evaluar la prisión preventiva”, indicó.
En diálogo con Correo, el letrado dijo que el caso de Cerrón es especial, porque a la fecha nunca ha sido buscado ni ubicado.
“Es un hecho clave y estratégico en el desarrollo de las próximas elecciones”, afirmó.
Lamas Puccio consideró que no se debe responsabilizar a fiscales o jueces por los fallos resolutivos a favor de Cerrón, porque es competencia de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional decidir sobre recursos o demandas.
Por su parte, el penalista Mario Amoretti precisó que cuando los jueces y magistrados evalúan un recurso legal de Cerrón, no toman en consideración su situación de prófugo, porque no corresponde.
“Se tiene en consideración única y exclusivamente las pruebas que se han dado. Todos tenemos derecho a la libertad y a no presentarnos a una sentencia que consideramos injusta”, apuntó.
Desde su punto de vista, la absolución de Cerrón en determinados casos no apunta a un error de la Fiscalía en la sustentación de los casos, sino una responsabilidad directa de los jueces.
“Al margen de quién sea el personaje, se debe hacer prevalecer la justicia. El juez es el responsable de que muchas personas inocentes estén en penales”, apuntó.
