¿Qué criterios usó la Contraloría para llegar a las conclusiones de que la presidenta Dina Boluarte no tiene debalance patrimonial cuando el excontralor Nelson Shack había adelantado que sí?
El anterior contralor en efecto había dado ya algunos atisbos de un presunto desbalance patrimonial, pero es importante indicar que cualquier tipo de adelanto de opinión, el funcionario puede incurrir inclusive en alguna falta administrativa porque estás filtrando directamente información confidencial (...). Ahora bien, todo comienza en la comisión encargada de ver el desbalance. Allí la señora Sandra Beatriz Calderón, María Luisa Acuña y Marta Cecilia Antezana elaboran un primer reporte durante dos periodos relacionados a Boluarte.
¿Qué periodos exactamente?
Estos tienen que ver con los años 2022 y 2023. En 2022 cuando ocupaba el cargo de ministra de Estado y a partir de diciembre del 2022 en adelante hasta febrero del 2024, porque esa es la fecha de corte.
¿Qué encontraron en el proceso de evaluación?
En una primera evaluación se determina que existiría por esos periodos un presunto desbalance patrimonial ascendente a 58 mil nuevos soles, que merecía ser aclarado en un proceso de fiscalización regular. Y el 23 de mayo se hace el proceso con mayor rigurosidad (...). Ya con el cambio de gestión, en el mes de octubre, se emite informe final el cual concluye que no evidenciamos un presunto desbalance patrimonial injustificado. Hemos tenido un trabajo riguroso.
Sobre la funcionaria encargada de ese Informe de Fiscalización, ¿ella continúa en la Contraloría?
La funcionaria en mención se desempeña en el cargo de gerenta de Fiscalización. Ella solicitó licencia por maternidad el 10 de enero del presente año. La colaboradora sigue desempeñándose, pero tiene tres meses de licencia por maternidad.
¿Pero hay alguna observación sobre su perfil para ostentar ese cargo?
Esa funcionaria cumple los 8 años de experiencia general que exige el cargo, los 5 años de experiencia vinculados al cargo, los 3 años al interior de la administración pública y este año vinculado a la experiencia específica. La diferencia con otras gestiones es que hacemos un trabajo técnico, sin adelantar opinión alguna porque crea falsas expectativas. Si bien el actual contralor fue propuesto por la presidenta, eso obedece a un mandato constitucional.
