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El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, presentó ante el pleno del Congreso de la República la política general del Gobierno y solicitó el voto de confianza del Legislativo, detallando los principales ejes de su gestión en materia de seguridad, economía, migración y derechos humanos.
El jefe del Gabinete acudió acompañado de sus ministros y expuso una agenda que incluye medidas contra la criminalidad, reformas migratorias y la evaluación de la permanencia del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Arana enfatizó que, aunque la decisión final corresponde al Ejecutivo, el proceso será abordado con “apertura y diálogo plural”, involucrando al Legislativo, sociedad civil, academia y organismos competentes.
“Como demócrata, propongo la creación de una comisión para evaluar y proponer una decisión consensuada”, afirmó.
Combate a la criminalidad y modernización policial
El premier reiteró el compromiso del Gobierno con la seguridad ciudadana, anunciando un paquete de medidas para fortalecer a la Policía Nacional (PNP). Entre ellas, destacan:
- Equipamiento tecnológico: Adquisición de sistemas de geolocalización en 60 días para rastrear extorsionistas.
- Financiamiento: Una propuesta normativa para destinar fondos incautados a la PNP, exclusivamente para la lucha contra el crimen.
- Refuerzo de personal: Implementación del “Plan Celador” (5,000 efectivos adicionales), servicio policial voluntario (liberando 10,000 agentes para patrullaje) y asimilación de 1,500 licenciados de las Fuerzas Armadas.
Además, se coordinará con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para congelar activos vinculados a delitos como la extorsión.
Control migratorio y reformas penitenciarias
Sobre migración, Arana informó que se ejecutarán más de 3,500 operativos de fiscalización hasta diciembre de 2025 para identificar extranjeros en situación irregular. También se planteará la creación de “estancias temporales” para migrantes ilegales.
En el sistema penitenciario, se invertirán 800 millones de dólares (financiados por el BID y la CAF) en la construcción de nuevos centros, incluido Ancón III, con capacidad para 30,000 internos.
Crecimiento económico y minería ilegal
El Gabinete proyecta un crecimiento del 4% del PBI en 2025, impulsado por la adjudicación de 34 proyectos por más de 8,600 millones de dólares, como la carretera Longitudinal de la Sierra (Tramo 4) y el Parque Industrial de Ancón.
Respecto a la minería ilegal, se aprobará una Estrategia Nacional y un sistema interoperable para fiscalizar insumos y maquinaria en la pequeña minería.
Agricultura y desregulación
El Gobierno ampliará la frontera agrícola en 400,000 hectáreas con proyectos de irrigación en La Libertad, Piura y Arequipa (ej. Chavimochic III, Majes Siguas), beneficiando a 250,000 familias.
Asimismo, se implementará un “shock desregulatorio” para simplificar trámites y atraer inversiones, con un impacto estimado de 0.8% a 1% en el PBI.
Lucha antidrogas y cierre
Arana fijó la meta de erradicar 34,124 hectáreas de coca ilegal en 2025, complementada con un programa de cultivos lícitos para 65,000 familias.
En sus palabras finales, el premier subrayó que los desafíos prioritarios son “la lucha contra la criminalidad, el crecimiento económico y la transición democrática”, asegurando que su gestión entregará “un país más seguro y encaminado al desarrollo”.
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