El Poder Judicial ordenó el embargo y la inhibición sobre 22 bienes inmuebles vinculados a la empresaria Sada Goray, en el marco de la investigación preparatoria por presuntos actos de corrupción en el caso ‘Fondo Mivivienda’ durante el gobierno de Pedro Castillo.
La decisión fue adoptada por el juez Raúl Justiniano, quien declaró fundada la solicitud de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción. Los bienes embargados incluyen lotes, predios, terrenos y fundos ubicados en Trujillo, Tarapoto, Moyobamba, Juanjui y Pisco.
El magistrado dispuso un embargo en forma de inscripción y una orden de inhibición hasta por S/ 36 millones 383 mil 828 sobre los derechos y acciones que le corresponderían a Goray. La medida busca evitar que los bienes sean transferidos, donados o vendidos, garantizando el pago de una eventual reparación civil.
La investigación del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder se basa en la confesión de la propia empresaria, quien reconoció haber pagado más de S/ 4 millones en efectivo a Salatiel Marrufo, entonces jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda, a cambio de contratos para su empresa MarKa Group.
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