El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, critica la ley aprobada en el Congreso que dispone el retiro de los aportes a la ONP hasta por un máximo de 4 mil 300 soles. Sin embargo, espera que este poder del Estado reflexione luego de que el Ejecutivo presente sus observaciones a dicha norma.
Frente a la norma aprobada en el Congreso sobre el retiro de aportes de la Oficina Nacional de Pensiones (ONP), ¿qué puede hacer la Defensoría del Pueblo?
La semana pasada, la Defensoría del Pueblo publicó una carta abierta en la que se hacían algunas observaciones sobre la estrategia del Ejecutivo en la lucha contra la pandemia del COVID-19. Hoy, nos toca seguir siendo un colaborador crítico con el otro poder del Estado: el Legislativo. Por ello, pedimos al Parlamento de la República que entienda el contexto en el que vivimos y su rol en la emergencia sanitaria.
¿El Congreso está entendiendo su rol en esta emergencia?
Por la norma dada, el Congreso no tiene una lectura adecuada sobre conceptos esenciales como la pensión contributiva o el equilibrio presupuestal. El primer término deriva de un fondo común y solidario. Tampoco entiende el concepto de equilibrio presupuestal, que pareciera que fuera una idea fría y financiera. Pero no: el equilibrio presupuestal tiene un contenido social porque del presupuesto se destina (dinero) para la salud pública, la educación y otros sectores. Entonces, cuando se carga demasiado a un determinado concepto, se rompe el equilibrio presupuestal en perjuicio de un conjunto de derechos fundamentales.
Hay abogados constitucionalistas que señalan que la norma es inconstitucional.
El Congreso ha incumplido normas contempladas en la Constitución como que este poder del Estado no tiene iniciativa de gasto y, además, ha violentado el principio de legalidad presupuestal. Esto es, alterar el presupuesto general a través de una ley ordinaria, Desde la Defensoría, consideramos que esta norma va a ser, inexorablemente, declarada inconstitucional en el Tribunal Constitucional. Esta ley va a generar perjuicios significativos a las personas que pretende proteger.
¿La Defensoría interpondrá algún recurso legal para detener la ejecución de esta ley, si se aprueba por insistencia?
Aún no estamos en ese momento porque seguramente el Ejecutivo observará la ley. Esperemos que el Congreso reflexione sobre la norma aprobada que, creemos, seguramente tiene nobles propósitos pero también vulnera la Constitución.
Entonces, están aguardando para ver cómo se van desenvolviendo los hechos. ..
Desde la Defensoría, hacemos un juicio crítico de la situación. Esperemos que el Ejecutivo dé los siguientes pasos y ahí veremos.
El presidente del Congreso, Manuel Merino, parece no dar su brazo a torcer, al señalar que sí hay alternativas para devolver el dinero a los aportantes de la ONP...
No he escuchado las declaraciones, pero estoy seguro, conociendo al presidente del Congreso y a otros congresistas, que van a prestarle atención al pronunciamiento de la Defensoría. Seguramente, van a tratar de buscar un punto de encuentro que no viole la Constitución y que no genere perjuicios a los pensionistas.
Merino se refiere a fórmulas para devolver el dinero a los aportantes. ¿Hay esas fórmulas?
Me temo que no porque, le repito, se trata de un sistema común y solidario en la que no hay una cuenta individual de capitalización.
¿Qué pasa con los miles de aportantes que han visto en esta ley una esperanza para paliar la crisis económica?.
Es evidente que hay un problema: personas que aportan durante 20 años, llegan a los 65 años y, pese a ello, no reciben ningún tipo de devolución. Hay que tener en cuenta que se trata de un sistema claramente deficitario y que no tiene viabilidad, En los últimos cinco años, se han invertido más de mil 800 millones de soles en el sistema de pensiones. Por ello, el sistema tiene que ser reestructurado. Esa tarea debe estar a cargo de la comisión multipartidaria para la reforma del sistema de pensiones.
¿En cuánto tiempo habrá una respuesta para la mejora del sistema pensionario, ya que las necesidades de los miles de aportantes son para hoy?
Es posible que el Ejecutivo y el Legislativo busquen alguna solución en consenso, que no afecte el equilibrio presupuestal y no viole la Constitución.
¿Se puede presentar algún tipo de medida cautelar para detener la ejecución de la norma?
Tal como está planteada la norma, no es autoaplicativa. Es decir, no entra en vigencia de manera inmediata (a partir de su promulgación) sino que requiere algún tipo de implementación o afinación presupuestal. Una demanda de inconstitucionalidad junto a una medida cautelar se pueden presentar ante el TC.
Sobre el comunicado emitido la semana pasada, en el que cuestionaron la estrategia del Gobierno contra el COVID-19 ¿ha habido receptividad por parte del Ejecutivo?
Después del pronunciamiento, sostuve una reunión larga con el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, que me genera expectativa. La reacción del Ejecutivo ha sido casi inmediata y se ha establecido una agenda común sobre temas relacionados a los comedores populares y la información sobre muertes, contagiados, personas que han perdido el año escolar o que no están estudiando, desaparecidos, etc. y otros indicadores que muestran con certeza los daños colaterales, producidos durante la pandemia.