Han pasado a penas tres días desde que Walter Ortiz juró como ministro del Interior en Palacio de Gobierno, para reemplazar a Víctor Torres, pero ya se convirtió en objetivo de críticas. Latina Noticias reveló que antes de asumir el cargo como titular del Miniter, fue propuesto para ocupar el cargo de viceministro pero no pasó el filtro de la Presidencia del Consejo de Ministros.
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Según información del referido medio, entre enero y marzo de este año, Ortiz Acosta fue propuesto para asumir el cargo de viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior, pero su designación no se concretó porque la Oficina de Integridad de la PCM realizó sugerencias tras la revisión de documentos.
Cabe precisar que, la razón por la que no se realizó con nombramiento es porque enfrenta cinco investigaciones fiscales y/o procesos judiciales abiertos por delitos en calidad de imputado o cómplice.
El documento expuesto por el canal de televisión tiene seis páginas, con la firma y huella de Ortiz Acosta en tres. Se trata de una declaración jurada que el día de su juramentación, el 1 de marzo, indicaba que tenía procesos pendientes en el Ministerio Público y el Poder Judicial.
En total, hay siete casos, cinco de ellos abiertos, abarcando el periodo desde 1997 hasta 2019, mientras que solo dos han sido archivados.
Uno de los casos se refiere a colusión agravada, otro a delito contra la administración pública, otro a cohecho y cuatro están relacionados con presuntos delitos de abuso de autoridad.
El caso 01247-2019-1826-JR-PE-01, iniciado en 2019, trata sobre colusión agravada y está en proceso. Ortiz Acosta ocupaba un cargo público ese año como coordinador general de la Estrategia multisectorial Barrio Seguro del Ministerio del Interior hasta diciembre de 2020. El delito de colusión agravada puede ser castigado con penas de 6 a 15 años según el código penal peruano.
En 2018, Ortiz Acosta estuvo relacionado con el expediente 506015506-2018-412-0 por delito contra la administración pública mientras ocupaba el cargo de jefe de la Macro región policial de Arequipa – Moquegua – Tacna. Este caso está en proceso y abarca delitos como tráfico de influencias y malversación de fondos.
En 2016, enfrentó el expediente fiscal 506015506-2016-457-0 por cohecho durante su gestión en direcciones importantes en la PNP. El cohecho puede ser penalizado con hasta ocho años de prisión.
En 2015, se abrieron dos expedientes (506010145-2015-456-0 y 506010145-2015-456-0) por presuntos delitos de abuso de autoridad, pero fueron archivados. En ese momento, Ortiz era director de Pensiones de la PNP.
Los casos de 1997 (606010105-1997-555-0 y 606010105-1997-834-0) también están relacionados con abuso de autoridad y están en proceso.
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