La Contraloría General de la República (CGR) ha detectado irregularidades en el Gobierno Regional (GORE) de Ayacucho relacionadas con la adjudicación de 142 hectáreas de tierras del Estado, en el sector La Hoyada, provincia de Huamanga, a asociaciones informales de vivienda.
Según el Informe del Órgano de Control Institucional (OCI), del GORE de Ayacucho, el perjuicio económico al Estado por la entrega irregular de estos terrenos es de 137 millones de soles.
El documento, fechado el 27 de enero de 2025, ya fue remitido a la Contraloría General de la República.
Cabe recordar que buena parte de las tierras de La Hoyada estuvo bajo cesión de uso del Ejército Peruano.
El punto crucial del informe concluye que el Gobierno Regional de Ayacucho carece de las competencias legales para realizar transferencias de tierras con fines urbanísticos en un área predeterminada, por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, para actividades agrícolas
Tampoco tiene competencias normativas para la creación de un programa de vivienda regional en terrenos formalmente destinados a la agricultura.
La OCI advierte que el gobierno regional, presidido por Wilfredo Oscorima, y un grupo de funcionarios, incurrió en irregularidades en sus funciones, en este caso.
LOS BENEFICIARIOS
De acuerdo con el documento preparado por la OCI, se ha identificado entre los beneficiarios a personas de considerable capacidad económica o con múltiples propiedades.
La Hoyada fue recuperada por el GORE Ayacucho, tras un esfuerzo de varios años.
No obstante, una vez obtenido el cambio de titularidad, mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 0284-2014-GRA/PRES del 9 de abril de 2014, las tierras fueron adjudicadas a diferentes posesionarios (asociaciones de invasores) formadas por organizaciones y asentamientos humanos que ya ocupaban dichos terrenos con viviendas.
“Con el aval y la complacencia de las autoridades regionales, dichas tierras fueron entregadas a posesionarios informales”, advierte el documento de control.
El informe también advierte que Oscorima tuvo una participación “destacada” en las gestiones y documentos que firmó para autorizar la indebida adjudicación.
FIGURA CLAVE
Según el informe, el controvertido gobernador de Ayacucho –calificado como “wayki” por la presidenta Dina Boluarte– “es la figura central en las gestiones para la transferencia y posterior adjudicación de los terrenos de La Hoyada”.
Agrega que el gobernador regional “suscribió las resoluciones ejecutivas de modo irregular”.
De igual modo, lejos de objetar tal situación, avaló la adjudicación con la suscripción de las resoluciones ejecutivas regionales N° 510, 511, 512, 513, 514, 515 y 516-2018-GRA/GR, todas el 21 de setiembre de 2018.
IMPLICADOS
También se ha encontrado responsabilidad en los funcionarios del gobierno regional que desempeñaban, entonces, los cargos de director de la Gerencia General Regional de la Subgerencia de Acondicionamiento Territorial y Bienes Regionales, del director regional de Asesoría Jurídica y del director regional de Agricultura.
También se ha hallado responsabilidad en el director de Catastro y Formalización Rural de la Dirección Regional de Agricultura, en la Comisión de Planeamiento, Presupuesto Acondicionamiento Territorial y Gestión Institucional del Consejo Regional (periodo 2011-2014).
Estos funcionarios, todos identificados, conocían la posesión ilegal de los terrenos. Sin embargo, “actuaron de manera negligente y emitieron documentos según el acomodo del gobernador regional para que pueda, este, transferir dicho terreno”.
CONSEJO REGIONAL
Esta irregularidad también fue ratificada por los consejeros regionales del periodo 2015 al 2018.
El Informe de la OCI-Contraloría recomienda al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorina, “realizar de inmediato los esfuerzos necesarios para la pronta recuperación de los terrenos en mención”, y que estos pasen a ser administrados por la
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) hasta la culminación de las investigaciones.
