Presidente de Juntos por el Perú sobre detención de Yehude Simon: “Es un hecho político duro”

El presidente del partido Juntos por el Perú, Roberto Sánchez Palomino, consideró que la detención preliminar por 10 días del expresidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, implicado en el Caso Odebrecht, es un “hecho político duro” que “a todos nos sorprende”.

En Canal N, recordó que Simon Munaro no tiene ninguna responsabilidad política dentro de la alianza política desde octubre del año pasado, cuando el exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, reveló la identidad de los primeros codinomes y el también expresidente regional de Lambayeque pidió licencia.

“Hoy evidentemente a todos nos sorprende, es un hecho político duro. Sin embargo, hoy tenemos que reafirmar que desde octubre Yehude no tiene ninguna responsabilidad política en Juntos por el Perú”, señaló.

“Más allá de una situación personal, nuestro proyecto político tiene un compromiso con la justicia y ante el país. Creemos en el debido proceso y la presunción de inocencia, pero nuestro compromiso va más allá. Las declaraciones del señor Barata lo comprometen y él mismo, de manera coherente, en octubre dio un paso al costado para afrontar esta situación”, añadió.

En ese sentido, Sánchez Palomino remarcó que la justicia “debe hacer su trabajo” y determinar las responsabilidades penales en los involucrados en los hechos de corrupción cometidos por las empresas Odebrecht, OAS, entre otras. También respaldó el trabajo del equipo especial Lava Jato.

“Yo quisiera que evidentemente sea inocente, pero no soy el Poder Judicial para exculparlo, tampoco para condenarlo. Juntos por el Perú tiene un compromiso serio contra la corrupción y por eso nosotros respaldamos el trabajo de la comisión especial Lava Jato y respaldamos todo hecho en el país que tiene comprometido a muchos líderes en corrupción, porque eso daña, lesiona la política, la economía, el país, a la gente”, expresó.

Según el Ministerio Público, Yehude Simon, exprimer ministro durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011), lideró una organización criminal en Lambayeque que operó entre el 2006 y 2007, al inicio de su segunda administración en la región norteña.

Según la tesis fiscal, el entonces presidente regional favoreció a la constructora Odebrecht en la concesión del trasvase Olmos a cambio de pagos ilícitos, que provenía del Departamento de Operaciones Estructuradas de la firma brasileña, conocida como la caja 2.

Por ello, el exjefe del Gabinete Ministerial es investigado por dos delitos: colusión y lavado de activos agravado en organización (actos de transparencia, conversión y ocultamiento).