Tras la decisión del gobierno de expulsar a Yeni Vilcatoma como ex procuradora adjunta por propalar audios de conversaciones con el ministro de Justicia, Daniel Figallo, la Defensoría de Pueblo decidió intervenir.
Mediante un comunicado la Defensoría pide que se investiguen las denuncias realizadas por Vilcatoma sobre una supuesta presión del gobierno para beneficiar a Martín Belaunde Lossio con la figura de la colaboración eficaz.
De acuerdo a la Defensoría “es necesario que se adopten acciones inmediatas para garantizar la autonomía de los Procuradores Anticorrupción y proteger su labor de cualquier intromisión”.
“Las autoridades públicas tenemos el deber de preservar la legitimidad de las entidades encargadas de la lucha contra la corrupción y afianzar la confianza ciudadana en ellas”, señala la Defensoría.