A expresidente y exministros les imputan responsabilidad en las muertes de Inti Sotelo y Brian Pintado en noviembre pasado  (Foto: archivo GEC)
A expresidente y exministros les imputan responsabilidad en las muertes de Inti Sotelo y Brian Pintado en noviembre pasado (Foto: archivo GEC)

y al exministro del Interior Gastón Rodríguez por las muertes de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado durante las marchas de noviembre último.

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De acuerdo con un comunicado del Ministerio Público, la acusación se presentó la tarde de ayer en la mesa de partes del Congreso.

Ávalos tomó esta decisión tras terminar la investigación preliminar a Merino, Flores Aráoz y Rodríguez y les imputó los delitos de homicidio, lesiones graves y leves.

Argumentos. En concreto, el exmandatario y los dos exministros fueron denunciados por incumplir su deber, constitucional y legal en el ejercicio de sus cargos, de proteger la vida y la integridad física de los ciudadanos que participaron en dichas movilizaciones.

Además, se les imputa no haber adoptado las medidas necesarias para controlar el uso desproporcionado de la fuerza policial, por las circunstancias en las que se desarrollaron la manifestaciones, y no contar con información oficial sobre su tendencia a intensificarse.

En esa línea, la Fiscalía refiere que dichas conductas omisivas conllevaron como resultado dos personas fallecidas (Inti Sotelo y Jack Pintado), así como 78 ciudadanos identificados a la fecha con lesiones leves y graves.

DETALLE. En otro fragmento del documento del Ministerio Público se señala que el joven Inti Sotelo murió a causa de un perdigón de plomo, disparado a su cuerpo con una escopeta utilizada por diferentes unidades policiales desplegadas en las manifestaciones de noviembre del 2020.

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En el caso de Jack Pintado, se indica que este presentaba 10 perdigones de plomo impactados en su cuerpo, los que causaron su deceso.

PEDIDO. Como parte del procedimiento respectivo, la Fiscalía solicitó a la Presidencia del Congreso que califique la denuncia constitucional y le dé el trámite que corresponda, en atención a la obligación estatal de esclarecimiento de la violación de derechos humanos.

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