Poder Judicial deniega libertad de detenidos en caso Roberto Torres

El Poder Judicial decidió declarar improcedente la solicitud de hábeas corpus presentada a favor de los funcionarios, regidores y familiares del prófugo alcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzáles, quienes fueron detenidos el pasado 30 de septiembre.

Esta acción de hábeas corpus fue presentada por los abogados Nelson Guevara Becerra y Edwin Benavente Delgado, a favor de los 10 detenidos acusados de los presuntos delitos de levado de activos, corrupción de funcionarios, asociación ilícita para delinquir y peculado.

La medida fue presentada contra la jueza Cecilia Costa Gonzales, titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, alegando que existe una "detención arbitraria" contra sus patrocinados.

Los detenidos son los funcionarios Martín Villanueva, Percy Quesquén, Carlos Mendoza, Javier Valencia, Carlos Santa Cruz; los regidores Coeli Sarmiento, Roland Alarcón; la pareja del alcalde, Katiuska Del Castillo; la hija del alcalde Nataline Torres y el agente de la policía anticorrupción Joel Ugaz Cubas.

Todos ellos son acusados de integrar una organización criminal encabezada por el burgomaestre Roberto Torres, quien se encuentra prófugo al igual que otras 10 personas que están siendo intensamente buscados por la policía.

Los prófugos son: Norma Muro (exfuncionaria y mamá de Katiuska del Castillo), Jorge Inchaústegui Samame (Funcionario prófugo), César Regalado Rodríguez (funcionario prófugo), Juan Valdivia Goicochea (Funcionario prófugo), Hugo Matallana Peralta (Funcionario prófugo), Luis Barrantes Piscoya (Proveedor prófugo), Luis Pérez Bracamonte (Prófugo), Guillermo Plaza Arbulú (Proveedor prófugo), Victor Cubas Llaguento (Proveedor prófugo) y José Mires Rimarachín (Candidato de Manos Limpias prófugo).

En estos momentos se está a la espera de la decisión que adopte la jueza Cecilia Costa Gonzales, sobre el pedido de ampliar por 7 días más la detención preventiva contra los 21 integrantes de esta presunta red criminal que operaba en la Municipalidad Provincial de Chiclayo, el Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo y la Entidad Prestadora de Servicio de Saneamiento de Lambayeque; según lo señala la resolución del Poder Judicial con el que se dio pio al inicio de las detenciones el pasado 30 de septiembre.