Presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa rechaza posible control externo en el Poder Judicial

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa (CSJA), César de la Cuba Chirinos, rechazó hoy cualquier acto de intervencionismo contra el Poder Judicial, en clara alusión al proyecto de reforma constitucional que plantearía el Congreso de la República relacionado al nombramiento, plazo y cese del cargo de jueces y fiscales.

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“La independencia judicial es una garantía para el ciudadano, es un pilar del estado Constitucional de Derecho”, remarcó la máxima autoridad judicial en Arequipa, quien anunció que, de prosperar esta iniciativa legislativa, los jueces interpondrían un proceso de inconstitucionalidad.

No obstante, el presidente de la CSJA recordó que existe un control funcional externo complejo con ratificaciones y evaluaciones permanentes, por lo cual los jueces se mantendrán unidos en defensa de la independencia judicial y del equilibrio de poderes.

“Esta Corte Superior de Justicia de Arequipa es emblemática, no sólo por ser la cuna de la juridicidad, sino también por el sentimiento arequipeño propio del respeto a la ley y la Constitución”; expresó César de la Cuba Chirinos.

SEDES JUDICIALES

Durante la ceremonia de “Apertura del Año Judicial 2024″, César de la Cuba anunció la construcción de las sedes judiciales de Cerro Colorado e Islay bajo la modalidad de obras por impuestos a partir de la priorización que ha realizado el Consejo Regional de Arequipa de estos proyectos que demandarán una inversión que supera los 51 millones de soles que serán asumidos por la empresa privada.

En el discurso de orden, destacó el apoyo de las autoridades regionales y locales que están apostando por cerrar la brecha de infraestructura de justicia; por cuanto la CSJA cuenta con 40 sedes judiciales y sólo 7 son propias, el resto están alquiladas o cedidas en uso.

El presidente de la CSJA dio cuenta del corte de contrato a 90 servidores CAS no por disposición de la presidencia de la Corte de Arequipa o del Poder Judicial, sino por medidas restrictivas, dispuestas por el Ministerio de Economía y Finanzas que no permiten usar saldos presupuestales para estos temas medulares que coadyuvan a mejorar la productividad judicial.

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