Ayacucho afronta la peor crisis administrativa y política de toda su historia
Ayacucho afronta la peor crisis administrativa y política de toda su historia

El representante de la Defensoría del Pueblo, Jorge Fernández, instó a los consejeros regionales a actuar bajo la normatividad establecida, ello con el objetivo de que no se incurra en error, como habría sucedido en el caso de la elección del vicegobernador encargado.

“Tenemos que generar las condiciones previas, tiene que haber disposición de parte del Consejo Regional, si es vacancia o suspensión del gobernador encargado Víctor De La Cruz, y tienen que recurrir a verificar las normas. Una vez formalizada se procede a una elección. Cualquier desición que se tome tiene que ser corroborada con el órgano técnico correspondiente. Se tiene que buscar lucidez y deponer los intereses personales”, señaló.

DEL PROCESO. En diciembre de 2011 el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez, con aprobación del Consejo Regional dispuso la compra directa de maquinaria pesadas por más de 20 millones de soles, para ello declaró en emergencia la región Ayacucho. A pesar de que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (Osce) le exigió que anule la mencionada compra, la autoridad regional adquirió dichos vehículos.

Para la Contraloría de la República en este caso de dio una irregular exoneración del proceso de selección que canceló una licitación pública que estaba en marcha. Además, el titular del gobierno regional y sus funcionarios habrían hecho caso omiso a la recomendación de Osce, que pidió dejar sin efecto la exoneración o aplicarse la nulidad del contrato, y ello puso de manifiesto la intensión de los funcionarios y servidores de favorecer indebidamente a los proveedores beneficiados directamente con la adquisición.

En febrero de 2012 se interpuso la denuncia por una presunta compra irregular, ya que en la auditoría que desarrolló la Contraloría concluyeron que la autorización de la compra ocasionó un perjuicio económico al Estado por más de un millón 309 soles.

En marzo de 2014 inició el juicio oral contra Wilfredo Oscorima, sus exfuncionarios y exconsejeros regionales, por el delito de aprovechamiento indebido del cargo, el 16 de junio de 2015 la Tercera Sala Unipersonal de Ica sentenció en primera instancia a los acusados y el 18 de noviembre de 2015 se leyó el fallo en segunda instancia.

Los funcionarios que fueron sentenciados a cinco años de pena privativa de libertad efectiva y tres años de inhabilitación son Wilfredo Oscorima Núñez (gobernador regional), Tony Oswaldo Hinojosa (exgerente general del GRA) y Edwin Ayala Hinostroza (exdirector de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal del GRA). Los que fueron condenados a cuatro años y seis meses de pena privativa de la libertad efectiva y dos años de inhabilitación son Walter Quinteros Carbajal (exconsejero regional) y Rosauro Gamboa Ventura (exconsejero regional).

Finalmente, los que recibieron cuatro años de pena suspendida y dos años de inhabilitación fueron Víctor De La Cruz Eizaguirre (exconsejero regional) y Sixto Ibarra Salazar (exconsejero regional).

La defensa de Wilfredo Oscorima y los exfuncionarios interpusieron el recurso de casación.