Juez ordena descerraje de vivienda de gobernador de Huánuco Juan Alvarado, investigado por presunta defraudación patrimonial al Estado

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco, a cargo de Elmer Contreras Campos, dio la orden para el allanamiento fiscal de la oficina de la gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Huánuco y las viviendas del gobernador Juan Alvarado Cornelio y los exgerentes Luz Rodríguez Ramos y Luis Briceño Jara, investigados por la irregular compra de 7995 laptops, que generaron una pérdida económica de S/ 23 millones al Estado.

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El operativo inició simultáneamente al promediar las 5:00 a.m. de ayer en las viviendas ubicadas en los distritos de Amarilis, Huánuco y Pillco Marca, hasta donde llegaron fiscales y policías. Como se sabe, Alvarado Cornelio, Rodríguez, Briceño y otros siete funcionarios y servidores públicos de menor rango son investigados por el presunto delito de colusión agravada, por lo que Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria ordenó el descerraje, allanamiento y registro de las viviendas de los antes mencionados.

Lugares. La diligencia de fiscales anticorrupción duró hasta pasada las 4:00 p.m. de ayer. De la vivienda del gobernador Alvarado, ubicada en el N° 491 del jirón 28 de Julio - Huánuco, el equipo de investigadores se retiró con una caja cargada de documentos que serían de utilidad en el proceso que se le sigue al mandatario regional. Similar situación se dio en la vivienda de la exgerente de Desarrollo Social, Luz Rodríguez, en el jirón Daniel Alcides Carrión Mz. B Lt. 11 – Pillco Marca, asimismo, en la calle Las Palmeras Mz. C Lt. 11 – Amarilis, vivienda del ex gerente general, Luis Briceño, quien a la fecha sigue como asesor del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG) del gobernador, con un sueldo de S/ 6 000.

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La tesis de la fiscalía es que los funcionarios y el gobernador “recibieron los equipos de informática sin que cumplieran los requisitos técnicos estipulados en el proceso de compra y posteriormente habrían sido adulteradas en relación al número de parte y fueron reensambladas para cambiarles el disco duro, transgrediendo el marco normativo de contrataciones y generando perjuicio económico al Estado”.

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