La Contraloría General de la República, a través del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de Pisco, emitió el Informe de Acción de Oficio Posterior N.º 013-2025-2-0409-AOP, donde reveló que la Municipalidad del Centro Poblado San Miguel realizó cobros indebidos por concepto de impuesto predial entre 2019 y 2023, sin tener competencia legal para hacerlo.
Irregularidades tributarias
El documento, fechado el 29 de octubre de 2025, detalla que los cobros fueron efectuados bajo las gestiones de los alcaldes Jonh Charle Román Hernández y su antecesor, a pesar de que la normativa vigente no delega a los centros poblados la facultad de recaudar impuestos prediales. La investigación determinó que la ordenanza municipal solo autoriza la recaudación de arbitrios por servicios como limpieza pública, áreas verdes y recreación, mas no tributos de carácter impositivo.
Según el informe, los pagos fueron realizados por empresas y ciudadanos como Transporte Pisco, Servicentro Doce y Christhian Díaz Tito, quienes figuran en recibos emitidos entre 2019 y 2023. Además, el alcalde de San Miguel habría suscrito un acta comprometiéndose a devolver los montos cobrados indebidamente de forma fraccionada, tras ser advertido por la Municipalidad Provincial de Pisco.
La Contraloría sustentó su observación en diversas normas, entre ellas la Ley de Tributación Municipal y la Ley Orgánica de Municipalidades, que establecen que solo las municipalidades distritales tienen la potestad de cobrar y fiscalizar el impuesto predial. Asimismo, recordó que una sentencia del Tribunal Constitucional del 2006 reafirma que los centros poblados no poseen las mismas atribuciones que los gobiernos locales distritales o provinciales.
El Órgano de Control Institucional recomendó al titular de la Municipalidad Provincial de Pisco adoptar las medidas correctivas necesarias y disponer el deslinde de responsabilidades administrativas o legales contra los funcionarios que permitieron estos cobros. El jefe del OCI, Wilfredo Jorge Ramos Huaura, aprobó el informe, el cual fue notificado oficialmente al alcalde provincial Pedro Edgar Fuentes Hernández para su inmediata acción.
Finalmente, el informe advierte que, de no corregirse esta situación, se podrían iniciar procesos administrativos y penales contra los funcionarios implicados. La Municipalidad Provincial de Pisco deberá presentar un plan de acción en un plazo máximo de 20 días hábiles para corregir las irregularidades detectadas y garantizar la transparencia en la administración tributaria local.
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