:quality(75)/author-service-images-prod-us-east-1.publishing.aws.arc.pub/elcomercio/98448bc7-d1ed-47a1-909e-fbdec178cdcd.jpg "Foto de Redacción Diario Correo")
El Magistrado William Smith Flores Torres, juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Pisco, dictó nueve meses de prisión preventiva contra el adolescente de iniciales D.A.M.C.C (16), por la presunta comisión del delito contra el Patrimonio en la modalidad de robo agravado, en agravio de Jonathan Leonardo Huamán Trillo.
Usaba arma de fuego
La citada medida cautelar fue dictada el 25 de mayo, en audiencia virtual de prisión preventiva, luego que el magistrado escuchara y evaluara los fundamentos del representante del Ministerio Público y de la defensa técnica del imputado, así como la concurrencia de los requisitos de la prisión preventiva previstos en el artículo 268 del Código Procesal Penal y jurisprudencia aplicable.
Conforme al requerimiento fiscal, se atribuye al imputado D.A.M.C.C (16), haber perpetrado el delito instruido, toda vez que, el 21 de mayo del año en curso, luego de haber solicitado el servicio de taxi al agraviado para que lo traslade a él y su cómplice del Camal Municipal al AA.HH. “Dios te ama” en el distrito de San Andrés, provincia de Pisco, y al llegar al lugar lo reducen con un arma de fuego para robarle.
Los facinerosos lograron sustraerle un canguro con la suma de S/. 550 soles y un teléfono celular marca Sansung, modelo Galaxy A12, para luego darse a la fuga llevándose consigo la llave de contacto de la moto. Posteriormente, el agraviado con el apoyo de personal policial, a la altura de la Urbanización Villa Guadalupe, visualiza a los presuntos autores, quienes, luego de una persecución, logran intervenir al imputado, a quien se le encontraron en su poder tres teléfonos celulares, entre ellos el celular del agraviado.
La conducta atribuida al imputado se encuentra tipificada en el primer párrafo numeral 3 (A mano armada) y 4 (Con el concurso de dos o más personas) del artículo 189 del Código Penal, que contempla una pena privativa de libertad no menor de 12 ni mayor de 20 años. El juez fundamentó su decisión en la Ley 32330, que incorpora a los adolescentes de 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal.
La resolución dispone el inmediato internamiento del imputado en el Establecimiento Penal que el INPE designe, a fin de cumplir la medida impuesta, la misma que vencerá el 20 de febrero de 2026.
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