La Contraloría emitió un informe de auditoría del Órgano de Control Institucional (OCI) del Gobierno Regional de Piura en el que detectó un presunto perjuicio económico de 1’175,232 soles en la obra de mejoramiento del servicio de movilidad urbana en las calles de la urbanización Miraflores I, II y III etapa del distrito de Castilla. También descubrió el favorecimiento a uno de los postores.
Según el Informe de Auditoría N° 044-2025-2-5349-AC se evidencia un presunto perjuicio económico S/ 722,440 por determinación de mayores gastos generales variables por las ampliaciones de plazo N° 3, 9 y 10, pese a que estos gastos no estuvieron comprendidos en los propios presupuestos de las prestaciones adicionales de obra N° 1, 3 y 4 vinculadas a dichas ampliaciones, lo que ocasionó estas pérdidas.
El informe detalla que Junior Céspedes, director de Obras; Wilmer Eche de la Dirección General de Construcción y Fernando Santa Cruz,gerente de lnfraestructura, otorgaron conformidad y/o aprobaron la liquidación de dicho contrato, pese a que las mismas fueron aprobadas para la ejecución de las prestaciones adicionales.
En ese sentido, la normativa de contrataciones establece que los mayores gastos generales variables a reconocer son los considerados en su propio presupuesto, en cuyo cálculo el contratista no comprendió dicho importe.
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Lo mismo sucedió con la ampliación de plazo N° 9 por 30 días calendario, en el que se consintió dicha solicitud presentada como ampliación de plazo parcial N° 5, solicitada por el contratista considerando las causales de atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
En el plazo N° 10 fue por 23 días calendarios, la entidad también dio conformidad. Por estos tres plazos, tal situación generó un perjuicio a la entidad de S/ 722 440.
En tanto, la Contraloría advirtió la demora injustificada en la aprobación de la prestación adicional de Obra N° 1, lo que generó reconocimiento de mayores gastos generales por la ampliación de plazo N° 2, ocasionando una pérdida de S/ 452, 792. Esto hace un total de 1’175,232 soles.
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El informe detalla que fue generado por Carlos Labán, en su condición de director de la Dirección de Estudios y Proyectos; Javier Salazar Soplapuco, director de la Oficina de Programación y Seguimiento de Contratos de Inversión; José Vela Ojeda, jefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; Newsthor César Barreto Querevalú, la Dirección General de Construcción y Wilmer Vise Ruiz, de la Gerencia Regional de Infraestructura.
Advierten que intervinieron en el trámite de la aprobación de la prestación adicional de obra N° 1, cuya resolución fue emitida y notificada fuera del plazo normativo, pese a que habían pasado 45 días cuando el plazo es de 33 días hábiles.
Mientras tanto, se evidenció el perfeccionamiento del contrato, pese a la no acreditación de la totalidad de los requisitos de equipamiento estratégico, camión cisterna, mezcladora de concreto, así como de la experiencia de parte del plantel profesional clave exigidos en las bases integradas.
