La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura abrió una investigación preliminar por ocho meses contra los que resulten responsables por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo y peculado doloso, debido al pago ilegal a funcionarios y servidores en la

Según consta en la carpeta fiscal N° 2606065500-2025-122-0, a cargo de la fiscal Lilibeth Rodríguez, el 27 de febrero del 2025, el rector encargado de la Universidad Nacional de Piura, Enrique Cáceres Florián, emitió la Resolución Rectoral N°. 153-R-2025, con la que aprobó la asignación de S/ 43 300 soles, a favor de los funcionarios, trabajadores administrativos y locadores de servicio de la UNP.

Dicho monto fue asignado para el pago por los trabajos realizados en el aplicativo informático de demanda judiciales y arbitrales en el 2023, respaldado por la Unidad de Contabilidad y Planeamiento y Presupuesto de la UNP.

La denuncia fue hecha por el ciudadano Pedro Zapata Monteza, que advierte que la justificación de pago presentaría serias deficiencias técnico-administrativas, ya que no estaría acreditado.

“Se sugiere que los recursos fueron asignados sin la debida justificación, conforme exige el marco normativo. Resultaría presuntamente irregular e ilegal, que se haya destinado recursos del ejercicio fiscal del año 2025, para “hacer pagos correspondientes al año fiscal del 2023”, dice el documento.

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Asimismo, se detectó que, en la ejecución de gasto, se ha identificado un presunto conflicto de intereses y favorecimiento indebido, toda vez que dentro de los funcionarios favorecidos y/o beneficiarios, se encuentran los que han aprobado el desembolso de los pagos; es decir, emitieron los informes que los favorecían.

Pues, los pagos se hicieron a Karina Galecio Angeldonis, jefa de la Unidad de Contabilidad de la UNP; Jorge Garcés Agurto, director general de Administración; Andrés Ipanaque Feria, de la Unidad de Presupuesto; Tomás Gómez Sernaqué, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y otros.

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Ante ello, la Fiscalía Anticorrupción dio inicio a la investigación preliminar contra el exrector encargado Enrique Cáceres Florián, así como Vanessa Girón Viera, secretaria general de la UNP; y contra los ya mencionados línea arriba, y los que resulten responsables, por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y peculado doloso en agravio de la UNP.

Además, declaró compleja la indagación, por lo que la investigación preliminar continuará por un plazo de 8 meses. El denunciante, así como los presuntos implicados han sido citados para las declaraciones del caso.

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