Durante la inspección, se identificó que la constructora no contaba con las medidas de seguridad adecuadas para los trabajadores
Durante la inspección, se identificó que la constructora no contaba con las medidas de seguridad adecuadas para los trabajadores

Los inspectores de la gerencia de Fiscalización de la Municipalidad de Piura, en colaboración con la Fiscalía de Prevención del Delito, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) y la Policía Nacional del Perú, intervinieron una obra de vivienda multifamiliar en la urbanización 4 de Enero. La empresa responsable, Ladines Contratistas Generales S.A.C., (PIA), con una suma total de 4 455 soles, equivalente al 90% de una Unidad Impositiva Tributaria.

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El gerente de Fiscalización, Danilo Gallo, informó que se impuso a la constructora Ladines Contratistas Generales S.A.C., tres PIAS que suman 4 455 soles; la primera por trabajar en la vía pública (20% de la UIT), la segunda por no contar con las medidas de seguridad de los trabajadores (20% de la UIT), y, la tercera por destruir el pavimento de las veredas sin autorización (50% de la UIT).

Durante la inspección, se identificó que la constructora no contaba con las medidas de seguridad adecuadas para los trabajadores, además de realizar trabajos en la vía pública sin la correspondiente autorización y haber dañado el pavimento de las veredas. Ante esta situación, la Primera Fiscalía de Prevención del Delito y los inspectores de Sunafil recomendaron a la empresa que implementara las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores y evitar posibles daños para la ciudadanía.

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Danilo Gallo manifestó que la contratista ha mostrado una actitud de resistencia frente a las observaciones realizadas por los entes fiscalizadores, lo cual ha generado preocupación entre las autoridades por el riesgo que esto puede representar para los trabajadores y la comunidad en general.

El funcionario de la comuna, señaló que la Municipalidad de Piura continuará realizando este tipo de acciones para garantizar que las obras en la ciudad cumplan con las medidas de seguridad necesarias, y exhorta a todas las empresas constructoras a cumplir con las normativas establecidas para evitar situaciones de riesgo que pongan en peligro la vida de los trabajadores y la seguridad de la comunidad.