Al estar próximos a que culmine el quinto mes del año, la Defensoría del Pueblo recordó a los gobiernos regionales, municipalidades provinciales y distritales la obligación de llevar a cabo audiencias públicas de rendición de cuentas (APRC) en los meses de mayo y setiembre, con la participación de la población local, tal como se encuentra establecido en las leyes orgánicas de gobiernos regionales y de municipalidades.
Para ello se precisó la importancia de que, para este año, las autoridades regionales y de los gobiernos locales tengan en cuenta el Instrumento Técnico Orientador, aprobado en 2024 por la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en atención a la recomendación formulada por la Defensoría del Pueblo en el Documento Defensorial 001-2024-DP/ADDS.
En dicho instrumento se establece una serie de disposiciones para garantizar el desarrollo de estos importantes mecanismos ciudadanos de control, como la necesidad de convocar a la población con 30 días de anticipación, así como el empleo de estrategias eficaces de difusión que garanticen una amplia participación, como avisos en emisoras radiales. Además, los gobiernos regionales y locales deberán publicar un resumen ejecutivo del informe de rendición de cuentas en días previos a cada audiencia, a fin de facilitar la interacción de la ciudadanía con preguntas y comentarios durante las sesiones.
Para la Defensoría del Pueblo, las APRC son importantes mecanismos que permiten a la ciudadanía ejercer control sobre el gasto público, participar activamente en la formulación de iniciativas que procuren mejoras a favor de la comunidad y garantizar que las decisiones que se adopten respondan a las necesidades reales de la población.
VER MÁS: Piura: Plataforma de Defensa Civil de Piura coordina acciones ante futuras emergenciasEstos espacios de diálogo deben incorporar medidas que permitan la participación de la población sin ningún tipo de discriminación. Por ello, se exhorta a las autoridades regionales y locales a garantizar la implementación de accesos y otros ajustes razonables para personas con discapacidad, servicio de interpretación de lengua de señas en caso hayan personas con discapacidad auditiva y de lenguas indígenas. Asimismo, se exhorta a evitar colores, usos de logotipos de partidos y otros elementos de determinadas agrupaciones políticas al estar en curso el proceso electoral 2026.
Cabe indicar que la Defensoría del Pueblo ha supervisado el desarrollo de las APRC a lo largo de los últimos años. El año pasado fue emitido el informe con los resultados de la supervisión nacional a las APRC a cargo de 18 gobiernos regionales, en el que se identificó, entre otros aspectos, que ninguno consignó la opción para que la persona que se registraba indicara si contaba con alguna discapacidad o si hablaba una lengua indígena. Como resultado de ello se formuló una serie de recomendaciones a distintos sectores, cuyo cumplimiento será supervisado en los próximos meses.