Los abogados de las mujeres que denunciaron un presunto acoso sexual por parte del piden no dilatar más este proceso, por el temor a que prescriba, como ya ha sucedido con una de las denunciantes. Aunque parezca increíble, la audiencia de control de acusación ha sido programada para el 2026.

La investigación por acoso sexual sigue en proceso, pese a que el sacerdote de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en la urbanización Piura, ha señalado, durante la realización de misas en esta parroquia, que estas han sido archivadas. Los videos fueron rescatados de las transmisiones en vivo, durante la misa, de varios días, donde Medina Pacherre reitera que ha sido absuelto de esta acusación.

No obstante, la Fiscalía Provincial Penal Especializada en delitos de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Piura, presentó al Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Piura, el requerimiento de acusación contra Miguel Medina Pacherre por la presunta comisión del delito contra la libertad sexual en la modalidad de acoso sexual, en agravio de S.P.A.N. y B.C.A.

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En el sistema ya figura una resolución de fecha 16 de junio de 2025, donde el juzgado dispuso programar la audiencia preliminar de control de acusación para el 7 de abril del 2026, pero no han sido notificados formalmente.

Por ello, el abogado de las víctima, Eduardo Navarro, señaló que podría dilatarse este proceso, ya que son más de ocho meses de espera para la audiencia, cuando este podría programarse para este año. Además, esto podría conllevar a que el proceso prescriba, como ocurrió con una de las denunciantes.

“Están programando la audiencia para evaluar si hay mérito o no a juicio oral para el año 2026, aduciendo que no hay fecha en el Juzgado. Cómo no va a ver fecha si estamos a mitad de año, recién en junio. Si se ve que en el sistema del Poder Judicial ingresaron el requerimiento acusatorio en mayo del 2025, seguimos a la espera de la notificación”, dijo el abogado Eduardo Navarro.

Además, mencionó que varias pruebas contra Medina no se estarían anexando en el requerimiento fiscal, por lo que se corre el riesgo de que la jueza que tenga que valorar los hechos investigados no tengan los elementos fundamentales para determinar la contundencia del delito cometido.

“La demora es en ambas instituciones (Fiscalía y Poder Judicial), cabe resaltar que el requerimiento acusatorio se ha emitido 2 años después de la denuncia de los hechos. Requerimiento que debe consolidarse con todas las pruebas obtenidas en la investigación y deben ser elevadas a la jueza para su valoración. Por ello, entendemos que se ha presentado de manera incompleta las pruebas”, señaló.

“Cualquier cosa podría pasar con este caso, las victimas están en indefensión por parte de nuestras autoridades fiscales y judiciales, a las partes involucradas no se nos ha notificado, pasa el tiempo en perjuicio de las agraviadas, y eso es lo que nos preocupa, se está dilatando la investigación”, indicó. Por lo que espera que la audiencia sea programada para los meses que aún quedan del año 2025.

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