La Contraloría detectó que el Gobierno Regional de Piura, durante la gestión de Servando García Correa, aprobó el expediente técnico sin liberar la interferencia por descarga de aguas residuales al río Piura, lo que originó un perjuicio económico de S/ 302,056, lo que además afecta la vida útil de la estructura de concreto de la margen izquierda del tramo II del río Piura. El órgano de control también identificó responsabilidad de 11 funcionarios del gobierno regional por presuntas irregularidades, ya que se aprobó el expediente sin la disponibilidad del terreno.
El Informe de Control 29143-2023-CG/GRPI-SCE señala que se detectó presuntas irregularidades en la ampliación de plazo de la ejecución del saldo de obra del “Mejoramiento y ampliación del servicio de protección contra inundaciones de la ciudad de Piura y Castilla, entre el puente Andrés Avelino Cáceres y el futuro puente Integración de la margen derecha de la progresiva 2+665 hasta la progresiva 5+432 y la margen izquierda de la progresiva 2+540 hasta la progresiva 5+370, distrito de Piura y Castilla”.
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El documento detalla que se aprobó el pago de gastos generales por 232,624 soles a favor del contratista y el pago de S/ 69,891 a favor de la supervisión, generando un perjuicio económico por S/ 302,516.
También señala que la falta de liberación de la interferencia persistió durante la ejecución del saldo de obra e impidió el avance de los trabajos de hincado de tablestacas y conformación del dique de la margen izquierda del tramo II del río Piura en los plazos determinados, afectando la ruta crítica del programa de ejecución vigente. Esto provocó que la contratista solicite la ampliación por 15 días calendario por causal no atribuible a esta. La empresa supervisora hizo lo mismo.
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Según el documento, los hechos expuestos fueron originados por el accionar del director de Estudios y Proyectos, el director de la Dirección General de Construcción y el gerente regional de Infraestructura, quienes intervinieron en la revisión, conformidad y trámite de aprobación del expediente técnico del saldo de obra, pese a que no había disponibilidad del terreno y sin plantear una solución viable y definitiva para la liberación de la interferencia por descargas de aguas residuales al cauce del río Piura.
Asimismo, la Contraloría dio a conocer que 11 funcionarios y servidores del gobierno regional estarían implicados en resuntas irregularidades, civil y administrativa. Entre ellos, César Abramonte Pérez, José Valerio Alcívar, Wilmer Vise Ruiz, Carlos Palacios Meza, Cesar Augusto Barreto Querevalú, Luis Alberto Granda Tume, Rodolfo Jiménez Vilcherrez, Juan C. Hinsbe Ubillus, Juan C. Távara Elías, Christopher Parodi Rumiche y José Tafur Guivin.
El gobernador regional, Luis Neyra, precisó que analizará el informe de Contraloría para tomar las acciones y ver el grado de responsabilidad de los funcionarios y servidores. “Hay que aclarar que eso fue en la gestión pasada, pero sí lo vamos a revisar y tomar las acciones y ver si hay responsabilidad de los funcionarios. Dependerá del análisis”, dijo Luis Neyra.
