Los “Sanitarios de la Corrupción” aprovecharon la pandemia por el COVID19 para pagar adendas y adquirir supuestamente los equipos médicos dentro del proyecto de “Mejoramiento de los servicios de salud de Huarmaca, ubicado en Huancabamba”, donde se detectó millonarias pérdidas. Por este caso, los presuntos implicados podrían ir a la cárcel entre 6 a 15 años, en caso se les halle responsables de estos delitos.
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Tras la ampliación de la detención preliminar por siete días contra los nueve investigados en el caso de “Los Sanitarios de la Corrupción”, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, a cargo de la fiscal provincial Fyorella Montero Talledo, continúan con las diligencias correspondientes.
En el marco de la investigación por presunta colusión agravada en agravio del Estado, los implicados que resulten responsables afrontarán las sanciones previstas en el artículo 384, segundo párrafo, del Código Penal, que establece una pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de quince años.
“Más si se tiene en cuenta también un presunto delito de peculado doloso agravado que tendría una mayor pena, sin dejar de mencionar otros delitos conexos como contra la fe pública y circunstancias agravantes del delito”, dice la carpeta fiscal.
Según el documento, los exfuncionarios y exservidores, de la entonces gestión del gobernador Servando García Correa, pagaron adendas para la adquisición de equipos y materiales médicos, aprovechando la pandemia del COVID-19, en el 2020, por supuestamente un posible “desabastecimiento” de los equipos.
Para ello, la Fiscalía señaló que se habría montado una red operativa de fraude, por lo que implicaba el peligro de fuga de los procesados. Debido a la situación del presunto delito, “se deduce una complejidad ilícita que inclina al juzgador que pretenderían no solo eludir la acción de la justicia, pues es difícil económicamente remediar el perjuicio, sino que podrían entorpecer la investigación en marcha”, dice la carpeta fiscal.
Mientras tanto, el Ministerio Público continúa con las diligencias respectivas donde también han autorizado el levantamiento del secreto de las comunicaciones, el mismo que permitirá proceder a aperturar, recuperar, leer, examinar, analizar información que ayuden con la investigación, no solo de los implicados sino de terceras personas.
Asimismo, se ha autorizado la geolocalización de teléfonos móviles o dispositivos electrónicos de los trece implicados, entre los exfuncionarios, servidores y contratistas del consorcio Hospital Piura, donde nueve permanecen con detención preliminar.
Cabe señalar que la Fiscalía solicitará ante el Poder Judicial, en caso lo requiera, la prisión preventiva de los supuestos responsables del delito de colusión y otros.
