Los magistrados de la Sala Penal de Apelaciones de San Román ratificó sentencia de 25 años de pena privativa de la libertad efectiva en contra de María Margarita Castro Flores y Jorge Samuel Quispe Yana por el delito de lavado de activos, en su forma de posesión de bienes de origen ilícito, provenientes de la comercialización clandestina de materiales de la minería ilegal, informó el Ministerio Público.
La fiscal provincial Margot Quispe Corimanya detalló que en setiembre de 2010, los ahora sentenciados venían adquiriendo bienes de valor patrimonial para evitar que se pueda rastrear el origen del dinero, el cual fue producto de la venta del oro tras actividades mineras ilegales en la mina Lunar de Oro y la concesión minera en Pampa Blanca (Ananea), generando impactos ambientales negativos.
Asimismo, los imputados habrían adquirido lotes de terrenos, bienes inmuebles y unidades vehiculares, pero, no acreditaban la legalidad y la procedencia de los mismos. Agregaron que la pareja de convivientes no sustentaron ocupación alguna para la capacidad adquisitiva de dichos bienes. Tras la confirmación de la sentencia se dispuso orden de captura de los sentenciados.
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