Recientemente, nuestro continente ha celebrado el 67° aniversario de la Carta de la OEA. Fue en Colombia, en el marco de la IX Conferencia Internacional Panamericana, que el 30 de abril de 1948, 21 Estados, entre los que estaba el Perú, firmaron la Carta. Su inauguración no contó con el mejor momento político en ese país, pues semanas atrás se había producido el violento “Bogotazo” luego del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán.

Vigente desde 1951 -con 22 capítulos y 146 artículos- a la fecha para los 35 Estados de las Américas, la Carta ha sido reformada sucesivamente en Buenos Aires (1967), Cartagena de Indias (1985), Washington (1992) y Managua (1993). Su importancia es capital para el orden internacional americano al establecer un pacto que consagra la vigencia del sistema democrático y el imperio del Estado de Derecho en los países miembros.

En el propósito de su fortalecimiento y perfeccionamiento, el 11 de setiembre de 2001 las naciones de América, a la luz de los nuevos sucesos en el panorama interamericano, suscribieron, aquí en Lima, la Carta Democrática Interamericana.

A lo largo de la propia existencia de la OEA, fueron suspendidas Cuba (1962) y Honduras (2009). El sistema jurídico que define el modus operandi de la OEA supera estructuralmente y con amplitud a otros mecanismos coyunturales que han surgido en el camino, como el CELAC, UNASUR, etc., los que deliberadamente buscan restarle el rol relevante que ostenta como foro de debate por antonomasia del hemisferio.

Junto a la Carta, en esa misma fecha se adoptó el Pacto de Bogotá, por cuyo artículo XXXI llevamos a Chile a la Corte Internacional de Justicia.

Es conveniente que la OEA recupere el espacio histórico que le corresponde. El nuevo secretario general, el uruguayo Luis Almagro, deberá trabajar en la recuperación de su empoderamiento continental.

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