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Hoy se conmemoran 21 años del exitoso rescate de los rehenes -que la banda terrorista MRTA había tomado en la residencia del embajador de Japón- por parte del valeroso comando “Chavín de Huántar”, conformado por miembros de las FF.AA. y de la PNP. En el transcurso del tiempo, hasta el día de hoy, en el que se han sucedido ya hasta siete presidentes de la República, resulta necesario detenerse un momento para describir someramente en qué situación se encuentran los “protagonistas” de esta historia, es decir, rehenes, comandos, grupos terroristas y el pueblo peruano.

Los rehenes, cuya experiencia traumática debe haber calado hondo en sus vidas, fueron recientemente declarados por el Congreso de la República “Defensores calificados de la democracia” (junto a 24 mineros que cavaron los túneles para su rescate), con la oposición de los congresistas del FA y NP; mezquina actitud que, sin embargo, no sorprende, viniendo del grupo político que tuvo en su lista de candidatos a Abel Gilvonio, sobrino de Néstor Serpa, cabecilla del MRTA que murió en el rescate.

Los comandos “Chavín de Huántar” siguen padeciendo la amenaza de que se reabra el juicio que, por enésima vez, le entablan las ONGs defensoras de terroristas y de sus familiares, con la complacencia (por no decir con la complicidad) de algunos jueces y fiscales “contaminados” por la ideología caviar.

Los terroristas, que fueron beneficiados con la anulación de las sentencias que los condenaban a cadena perpetua por la legislación de los presidentes Paniagua y Toledo, están siendo excarcelados y mandados a su casa, como últimamente ha ocurrido con Osmán Morote y Margot Liendo.

El pueblo peruano ve impávido e indignado cómo las instituciones del Estado no han hecho nada para evitar que los terroristas sigan dejando las cárceles, poniendo en peligro la paz social que tanto costó recuperar.