Hay personas y grupos sociales que consideran que la ciudadanía solo está referida al civismo. Esto no es correcto. Es mucho más porque abarca un amplio conjunto de manifestaciones humanas, que -además de considerar la legislación, los vínculos y conductas cívicas- implica Identidad, derechos y deberes, así como valores y actitudes en la relación y reciprocidad de las personas con la comunidad y la sociedad en general en un contexto de lazos y procesos dinámicos de integración territorial valorando la diversidad, la equidad y la inclusión.

Hay varias clases específicas de ciudadanía además de la cívica. Entre otras, la ética, la democrática, la intercultural, para la defensa nacional, la ambiental, y “la ciudadanía para la conservación de la salud pública”. Esta última generalmente se asocia a la ambiental, lo cual tiene sentido porque la conservación de la salud pública tiene que ver con la higiene y el buen estado del entorno; sin embargo, su centro gravitacional está en la prevención de las dolencias que afectan nuestro bienestar físico, mental y social. Se considera que es el conjunto de labores para evitar, entre otras, las dolencias infecto-contagiosas y degenerativas que corresponden a la educación desde los ministerios de Educación y Salud. Pero, también, desde las familias y los actores comunitarios que forman parte de una sociedad educadora, en el marco de políticas públicas pertinentes y oportunas para que las personas aprendan a ser saludables. El Estado y la sociedad no deben olvidar que la salud es un derecho humano.

Indudablemente que -desde hace dos años- el cumplimiento de las medidas de bioseguridad (lavado de manos, uso de la mascarilla, distanciamiento social, vacunación etc.) para prevenir, y los protocolos sanitarios básicos para actuar ante la pandemia del COVID 19, constituyen desempeños fundamentales de una educación ciudadana para la conservación de la salud pública y de las personas.