En el mismo día que el expresidente Pedro Castillo afrontaba un proceso judicial por los presuntos delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias, en el que se pedía para él 36 meses de prisión preventiva; un equipo de fiscales y de la Policía Nacional del Perú (PNP) allanaba las casas de dos exjefes de Inteligencia del Ministerio del Interior, una oficina de la PNP y detenía a Jorge Hernández Fernández, alias “El Español”, quien se habría encargado de organizar atentados contra el coronel Harvey Colchado y la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. En ambos casos se le sindica a Castillo como cabecilla. De esta forma, se pone en evidencia el grado de descomposición moral del Gobierno del golpista. Es más, según la hipótesis fiscal, el exmandatario ordenó la creación de un grupo de contrainteligencia para “choponear” y realizar reglajes a determinadas personas.

Todo esto sugiere, con marcados trazos, la existencia de una organización con un sólido nexo con lo criminal. Esto resulta suficiente para entender la situación del país, tan golpeado por la ilegalidad y la corrupción, pero principalmente para comprender la naturaleza de un Gobierno que defraudó las expectativas de muchos peruanos y que nunca tomó en serio sus demandas, para embarcarse en una carrera de mantenerse en el poder como sea y contra quien sea, incluso cometiendo actos reñidos con la ley.

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