Los casos de recortes de sueldo a sus propios trabajadores es una ilícita práctica extendida en el Congreso. Lo hacen muchos y no todos los que ya se han conocido (Magaly Ruiz, Rosio Torres y Katy Ugarte) son los únicos, hay más e irán saliendo, pero igual que los ya detectados, se defenderán con mentiras armadas, falsedades antojadizas y el cinismo que los caracteriza. Se trata de seres inmorales que, como Torres, son capaces de borrar los chats de un wasap y después echarle la culpa a su sobrino y denunciarlo penalmente. Pero lo que es peor, son sujetos, con el tono peyorativo que el sustantivo contiene, que por su impronta inmoral, el escándalo social y político les importa poco o nada, pues saben que tienen de la mano a la justicia. ¿Por qué lo digo? Por la extrema lentitud con la que el PJ actúa en todos los casos de corrupción y el aroma de impunidad que estos adquieren al dormir al sueño de los justos y colocarse, casi siempre, al filo de la prescripción. Hay decenas de ejemplos pero ya que abordamos el cobro de cupos a trabajadores del Congreso, recordemos el emblemático caso de Michael Urtecho, de Solidaridad Nacional, que entre 2006 y 2013, es decir en dos periodos legislativos, le recortó cuantiosas sumas de dinero a los empleados de su despacho. En colaboración con su esposa, Claudia Gonzáles, fueron siete los trabajadores afectados. La Fiscalía ha solicitado 24 años de cárcel, pero recién en febrero de 2022, en el marco del juicio oral, el fiscal Iván Quispe interrogó a dos testigos. Diez años después del descubrimiento, Urtecho sigue libre como el viento y siendo partícipe de un proceso judicial que es probable que dure todavía algunos años más. ¿Diez años para recabar pruebas que son evidentes? ¿Para interrogar testigos que han dicho la verdad y tienen cómo sustentarla? ¿Tan incompetente puede ser la justicia? ¿O es contubernio? ¿O la justicia es lo último que les importa? En el caso de Torres, ¿cuántos años necesitará para confirmar que borró un chat que la incriminaba y que todo el país vio en 30 segundos? ¿Tendrán las pruebas en 2033? Una justicia con barro en las botas y probablemente con las manos sucias es la que impera en el país. Por eso Pedro Castillo quiso coimear a una sala. Por eso el país se sigue cayendo a pedazos.