El Estado peruano, a lo largo de los años, parece haberse convertido en su propio enemigo. Las autoridades que elegimos en las urnas y que nos representan, parecen muchas veces empeñadas en construir, irreflexiva e irresponsablemente, cordilleras de burocracia que hacen insufrible los tramites y procedimientos ante las distintas entidades públicas, o que convierten en “leyes” textos que consuman la consagración del abuso de poder en contra de las empresas del sector privado, dejándolas en verdadera situación de indefensión. Ejemplos sobran, y para muestra un par de botones: El Decreto Legislativo 1440 que regula el sistema nacional de presupuesto público y que fuera promulgado en septiembre del 2018, contiene una abusiva disposición que precisa (en buen cristiano) que cuando una entidad pública no cumple con pagar un bien o un servicio contratado y es emplazada a hacerlo a través de una sentencia judicial consentida, los pagos morosos se efectúan con cargo al presupuesto institucional de la entidad en cuestión y, en caso que esta no cuente con recursos suficientes, estos pagos pueden ser efectuados hasta en cinco años. Sí, leyó bien: los pagos no efectuados por el Estado y reclamados por los perjudicados a través del Poder Judicial, pueden ser pagados en 60 cómodas cuotas en perjuicio directo de quien los proporcionó, sin recibir nada a cambio en su momento oportuno. Y si eso fuera poco, espere oír cómo en el 2012, durante el gobierno de Ollanta Humala, se aprobó la Ley 29947, “Ley de protección a la economía familiar respecto del pago de pensiones en institutos, escuelas superiores, universidades y escuelas de postgrado públicas y privadas”, ley de nombre excéntrico que impide que las entidades educativas privadas cobren a tiempo por sus servicios brindados a adultos, creando una situación de promoción de la libre morosidad y dificultad de la sostenibilidad de las mismas. Decía Frederic Bastiat que cuando la ley y la moral se contradicen una a otra, el ciudadano confronta la cruel alternativa de perder su sentido moral o perder su respeto por la ley. Ojalá que la crisis política, económica y social que vivimos, nos lleve a lograr que este gobierno decida, con valor y civismo, trabajar decididamente para traer abajo normas abusivas y demagógicas que contribuyan con devolver a los ciudadanos la fe en la justicia y el respeto a la ley.