Ayer puse mucha atención a cada palabra en la exposición de los juristas internacionales de la delegación chilena en la primera ronda de alegatos en el marco del minijuicio sobre la excepción preliminar planteada por Santiago sobre incompetencia de la Corte Internacional de Justicia para abordar la causa boliviana que busca obligar a Chile, por una sentencia, a que negocie con La Paz una salida soberana al Pacífico. Tanto la exposición del agente chileno, Felipe Bulnes, que inició las sustentaciones orales, como las de la argentina Mónica Pinto, los ingleses Daniel Bethlehem y Samuel Wordsworth, así como la del afamado jurista francés Pierre Marie Dupuy, que cerró la jornada, estuvieron concentradas en relievar dos cosas: primero que Bolivia ha soslayado el Tratado de Paz y Amistad que ambos países firmaron en 1904 con lo cual se esforzaron en desnudar que La Paz violenta el principio Pacta Sunt Servanda, que obliga a las partes el fiel cumplimento de lo acordado. Este principio está consagrado en toda la doctrina del derecho de los tratados y por eso Chile le dice a la Corte que su sola revisión puede poner en peligro la paz entre los Estados o lo que es lo mismo, alentar los conflictos, generando un mal precedente entre las naciones. En segundo lugar, la delegación chilena concentró su estrategia en destacar el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas o Pacto de Bogotá (1948), reiterando a la Corte que por el artículo VI de dicho instrumento no puede ver causas anteriores, como es la que piden los bolivianos -alega Chile- al cuestionar el referido Tratado de 1904. Chile insistió en que dicho artículo VI prescribe que no son aplicables los procedimientos a asuntos ya resueltos por acuerdos o tratados vigentes al momento de la firma del Pacto. Esperemos a mañana en que exponen los bolivianos.