El 25 de noviembre, en todo el mundo se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha que busca denunciar todo tipo de agresión que se ejerce sobre las mujeres y reclamar políticas para su erradicación, pero parece que esta información no llegó al Poder Judicial (PJ).

El 28 de noviembre, apenas tres días después de las actividades en las que participaron todas las entidades del Estado, e incluso este diario que hizo un mes de campaña, el Poder Judicial emitió el Acuerdo Plenario 01-2023/CIJ-112 donde la Corte Suprema acordó reducir las penas de cárcel a los violadores que dejen embarazada a la víctima si el condenado demostraba ser el único responsable de la manutención del menor nacido de la agresión sexual.

En la práctica, el Poder Judicial había tirado un salvavidas a los miles de violadores que existen en este país, mientras que las mujeres víctimas de agresión que deciden acabar con un embarazo no deseado aún son apresadas por el “delito de aborto” y la policía presenta como criminales.

Que ayer decidieran dejar sin efecto esta disposición no quita lo increíble que es que los jueces y juezas hayan pensado que este acuerdo, que solo revictimiza más a la agredida y la deja a merced de un sujeto que no vaciló en agredirla, haya sido algo bueno para la justicia del país.