Es increíblemente voluble la política peruana, que suele sorprender con sus vueltas inimaginables e inesperadas. Hay sin embargo, un factor que se va haciendo común: La mínima distancia entre el poder y la cárcel. Hace no mucho tiempo, en julio de 2021, Betssy Chávez era una entusiasta congresista alineada con el poder ganado por Pedro Castillo. De hecho, postuló y ganó su curul en la lista del radical Perú Libre. Hoy en día, sin que hayan transcurrido dos años de esa situación de privilegio, tanto Castillo como Chávez están presos y se mantendrán tras las rejas por mucho tiempo. Hace también un buen rato, en noviembre de 2019, Keiko Fujimori dejó la prisión preventiva a la que había sido enviada por 36 meses, gracias a una decisión del Tribunal Constitucional y tras 13 meses en el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos. Luego de ser liberada, la hija mayor de Alberto Fujimori volvió a las andadas y postuló a la presidencia de la República con los resultados ya conocidos. La reflexión es que es enorme la cantidad de políticos a los que, con absoluta justicia, se les ha conminado a la prisión y ese es el caso de Chávez, ayer, y Castillo. La corrupción galopa, el poder tienta, y el escaso talante ético y la moral devaluada son un cóctel permanente que ha originado que el Perú sea el país con más políticos encarcelados en todo el mundo. No nos ganan. Por eso, no es una buena señal que Keiko Fujimori haya mostrado su predisposición por ser candidata el 2026. ¿No la asustan los antecedentes? ¿O busca así librarse de los juicios que tiene y, por ende, de la prisión? La clase dirigente y los políticos tienen sobre sí una deuda enorme que roza con nuestra permanencia como país y pone en duda nuestra viabilidad.