“La justicia tarda, pero llega”, es una de las frases más repetidas en las últimas horas en nuestro país, luego del anuncio del Departamento de Estados Unidos de conceder la extradición del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) para que sea procesado en el Perú por el presunto delito de colusión y lavado de dinero por el caso de la Carretera Interoceánica. Hace seis años, Toledo se escapó del país para no dar la cara ante las denuncias por supuestos sobornos recibidos, que habrían alcanzado los 35 millones de dólares.

Si todo es expeditivo y el expresidente se entrega a las autoridades norteamericanas, en los próximos días estaría en el Perú para cumplir prisión preventiva. Así, Toledo Manrique, quien en un momento encarnó el orgullo y la esperanza para la gran mayoría de peruanos, sería el tercer jefe de Estado tras las rejas. Otra muestra que la transparencia prometida se construyó sobre la mentira y la estafa.

Y la crisis moral se alarga hasta nuestros días en el país. Lo ocurrido con Pedro Castillo es una nueva señal de la degradación del poder. Y en vez de afrontar el debido proceso por su intento de golpe de Estado ha pedido a la CIDH que recobre su libertad y lo repongan como presidente. Un delirio total de un hombre que debe responder ante la justicia peruana. Otra cosa sería impunidad. Y ya se sabe, la impunidad es un estímulo al delito.