Si había alguien que pese a todo quería creer que quienes salen a las calles a protestar son personas pacíficas, allí tienen lo sucedido en sábado último en Juli, provincia de Chucuito, región Puno, donde la comisaría fue atacada vilmente por delincuentes que buscan desestabilizar un gobierno que guste o no, tiene impecable amparo constitucional.

No es la primera vez que en las últimas semanas sucede algo así en la región Puno. Lo hemos visto en otras sedes policiales, en diversas entidades del Estado y hasta en el aeropuerto de Juliaca. ¿Alguien en su sano juicio puede salir a sostener que esta gente está haciendo uso de su derecho a la protesta? No traten de engañar a los peruanos.

Horas antes de estos sucesos, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte se esforzó en lanzar un plan de ayuda económica y social para Puno. La respuesta vino de la peor manera, lo que debe llevar al Poder Ejecutivo a replantear la forma de afrontar la situación de la región altiplánica donde miles de personas se ven todos los días afectadas por la situación de violencia.

Las autoridades del Estado, llámese Policía Nacional y Ministerio Público, saben muy bien quiénes están detrás de estos actos de violencia. Sin embargo, no se sabe qué están esperando para actuar con toda la energía que la ley les permite. Mientras no lo hagan, los desmanes y heridos inocentes serán cosa de todos los días, algo que no se puede permitir en cualquier país civilizado.

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