En pocos días se van a cumplir dos meses del golpe de Estado dado por Pedro Castillo, el cual solo le valió para ser vacado y encerrado en la cárcel, de donde con toda seguridad no saldrá en muchos años. El problema es que hasta el momento los peruanos no sabemos qué va a pasar con nuestro país que sigue a la deriva mientras soporta el embate de turbas violentas que buscan conseguir a pedradas y palazos, lo que no lograron en las urnas.

Si en las elecciones generales de 2021 la mayoría de peruanos hubiera querido una asamblea constituyente y un cambio de Carta Magna al estilo Venezuela o Bolivia, hubiera votada por legisladores que traían esa propuesta. Allí estaban Perú Libre, Juntos por el Perú y otras. Sin embargo, en las urnas los ciudadanos dieron su respaldo mayoritario a otras opciones no necesariamente “de derecha”, pero que no ofrecían una nueva Constitución.

En el Congreso, que es el ámbito donde tendría que tratarse este asunto, la izquierda con su propuesta no tiene mayoría, pero se quiere imponer a como dé lugar. Gritan y gritan que solo una constituyente salvará al Perú, pero se niegan a admitir que el ciudadano no ha votado por eso. Dicen que recogen “la voz del pueblo”, pero son minoría y en democracia, esa que dicen defender, los votos mandan, y no los bloqueos de carreteras ni las tiraderas de piedras.

Ayer un dictamen que contemplaba la convocatoria a una constituyente fue largamente debatido y al final lo rechazaron. Pero la izquierda insiste, y en su intransigencia bloquea cualquier salida consensuada a la crisis en que nos encontramos y que tiene al Perú sumido en una situación de violencia que cuesta vidas, afecta a millones de personas y daña la economía del país golpeado aún por los efectos de la pandemia.

La constituyente es solo un capricho de la izquierda que quiere cambiar el régimen económico y quedarse en el poder por largo tiempo a través de sucesivas reelecciones. Han llegado para quedarse y no la quieren soltar pese a que son minoría. Lamentablemente ese empecinamiento impide avanzar y encontrar una solución que permite una modificación constitucional y un relevo de mandato ordenado y con las reformas necesarias.

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