Es cierto que la corrupción era un delito furtivo y muchas veces se sospechaba de los que cometían este ilícito y hasta había la convicción que eran culpables, pero no se podía probar. Sin embargo, esto ha cambiado en el Perú de estos días. Ahora la corrupción nos la muestran en las narices. Si no cree, observe lo que está ocurriendo en el Gobierno y su entorno.

El segundo personaje con más poder en el Perú, Vladimir Cerrón, según una encuesta de Datum, está en el ojo de la tormenta. Uno de los más influyentes en el gobierno de Pedro Castillo está investigado por lavado de activos y organización criminal. Hoy continúa el proceso judicial el que el fiscal Richard Rojas ha pedido 36 meses de prisión preventiva para el líder de Perú Libre, quien, según una pericia contable, tiene desbalance patrimonial y no puede justificar más de 6 millones de soles. Todas estas denuncias dan la sensación que detrás de la fachada de un político principista e idealista hay un vulgar mercader que ha hecho de la región Junín su botín. Sus vínculos llegarían al presidente de la República, quien tuvo gran apoyo del “lápiz” en su campaña electoral. Son gravísimos episodios ante los cuales los magistrados deben dar una respuesta a la altura de las circunstancias. Ya se sabe que lo único que hace la impunidad es alentar más delitos.

Solo con la ley en la mano se generará confianza en el país. Hacer lo contrario será un caldo de cultivo para el hartazgo y el rechazo de la gente por sus autoridades.