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Hace rato que algo no está funcionando bien en el sistema de supervisión de los recursos del Estado. El caso del edificio que pretendía alquilar la OSCE por la friolera de S/15 millones revela que la Contraloría o no se da abasto, o simplemente es una figura decorativa y más ineficiente que la Policía para tratar de detener estos actos de cogoteo al erario público. Un punto es que el señor Nelson Shack no puede estar esperando que el periodismo le haga su chamba. Otro lo es la independencia presupuestal que tienen algunos poderes del Estado. El Congreso, por ejemplo, es el oasis del despilfarro. O, mejor, digámoslo como corresponde: es un botín. Allí se contrata por 5300 soles a una señorita que no tiene título profesional y solo porque es la amiguísima de la familia de Richard Acuña. Además, se reparten canastas navideñas de 1500 soles, se dan sueldos extras, escolaridades y bonos sin ningún tipo de limitación. En el PJ, otro que se desgañita por tener autonomía económica, los jueces supremos se movilizan en 21 modernos autos Lexus ES 350 full equipo con asientos forrados en cuero; los compraron en noviembre de 2016 a S/11 millones ($49,200 cada uno) durante la gestión de Víctor Ticona, hoy presidente del JNE. Solo Javier Villa Stein se negó a recibirlo. Correo publica hoy la remodelación por más de $25 mil de la oficina del defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, quien seguro debe merecerse todas las comodidades del mundo; pero debería tener en cuenta un poquito que su función está estrictamente emparentada con la austeridad, con las exigencias que demanda el “pueblo”. No sé cuánto tendremos que esperar para que alguien detenga esta sangría, pero sí sé que Vizcarra debería darle prioridad.