Los comandos ante la justicia

Muy positivo que el país haya celebrado ayer el 17 aniversario del rescate de los rehenes de la embajada de Japón y la eliminación de los terroristas que los tenían cautivos. Sin embargo, es lamentable que en esta fecha haya salido a la luz también la persecución de la que son víctimas los comandos, que con las armas, y legítimamente, impusieron la autoridad del Estado frente a un grupo de hampones.

Recordemos que el Gobierno peruano sigue con un proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por este tema, promovido por una ONG que vive obsesionada con los presuntos delitos cometidos por militares y policías, y calla por los brutales crímenes perpetrados por bandas armadas como Sendero Luminoso y el MRTA.

Queda claro que para esta ONG es muy rentable prolongar casos judiciales contra el Estado durante largos años, pues así no se acaban los "aportes" que se deberían supervisar desde el mismo, a través de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (Apci), que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que no sean usados en procesos absurdos que se ventilan dentro y fuera del país.

Un país golpeado por el terrorismo como el Perú, no puede permitir que sus defensores pasen más de una década con el temor de ser llevados nuevamente al banquillo por presión de una ONG y disposición de una Corte que en los últimos años se ha dedicado a hacerle el juego a terroristas, a los que incluso ha ordenado indemnizar como si fueran las víctimas de todo esto.