La lamentable muerte de seis efectivos del Ejército en las aguas del río Ilave, provincia de Chucuito, en Puno, debe implicar las más rigurosas investigaciones a fin de determinar las responsabilidades en estos hechos que enlutan a todo el país y en especial a las familias de los jóvenes que de forma voluntaria fueron a hacer el servicio militar.

El Ministerio de Defensa, a través de un comunicado, ha señalado que un grupo de efectivos, entre los que se encontraban los que más tarde perderían la vida y desaparecerían en las aguas del río Ilave, fueron objeto de ataques por parte de un grupo de personas que les impidieron el paso, por lo que se vieron obligados a ingresar al cauce.

Esta versión ha sido corroborada ayer por los testimonios de un grupo de soldados, por lo que es la Policía Nacional la que tiene que actuar a través de una exhaustiva investigación, para identificar a los agresores. Eso no quita que dentro del Ejército también se tenga que determinar si de parte de los jefes de los soldados hubo negligencia u otras situaciones que ameriten sanciones.

La muerte de estos jóvenes no puede quedar impune ni debe ser aprovechada por la izquierda violentista e intransigente que aprovecha este tipo de tragedias para llevar agua para su molino e insistir con su campaña de desestabilización a un país que trata de salir del abismo al que nos llevó el golpista Pedro Castillo.