Queda claro que las protestas se desvirtúan cuando entra a tallar la violencia. Y más si se siembra el terror. Eso no es rechazar u oponerse, es simplemente imponer el caos para lograr réditos políticos. Por supuesto, si ello genera destrucción de los bienes públicos y privados, saqueos, bloqueos de carreteras y muertes, es delito. En estas circunstancias, lo único que le queda al Gobierno es hacer respetar el orden y la ley.

Manifestarse pacíficamente es un derecho, pero la violencia no. Es la barbarie.  Y no solo agrava la crisis política y social sino también perjudica notablemente nuestra economía. Diversos analistas sostienen que el PBI del 2022 crecerá menos si se radicalizan acciones contra la minería. En tanto, las calificadoras de riesgo rebajan la perspectiva de nuestro país y se corre el riesgo de perder el grado de inversión. Sin embargo, lo que más afectará el día a día de los peruanos es el desabastecimiento de las principales ciudades del Perú, debido a los bloqueos, y las cuantiosas pérdidas económicas de las Mypes en esta campaña navideña.

Por ello, se necesita cuanto antes una respuesta del Gobierno. Hay que poner orden y para concretar esto es fundamental tener planes. Ya es hora que, con mano firme, se recupere el principio de autoridad y la paz social.

Frente a estos gravísimos episodios, la presidenta Dina Boluarte y su equipo deben dar soluciones con la Constitución y la ley en la mano. Solo si ponen rumbo en esa dirección y neutralizan el espiral de violencia que azota al Perú, estarán gobernando en serio.