Con la extraña, aunque no sorprendente, anuencia del Colegio de Periodistas del Perú, el gobierno de Dina Boluarte, a través del Ministerio del Interior, pretende direccionar, supervisar y regular la cobertura periodística en los conflictos sociales y, por ende, a los profesionales que las realizan.

El “Protocolo de actuación interinstitucional para la coordinación y atención a periodistas y comunicadores sociales en el contexto de alteración al orden público” es un intento para nada velado de censura y causa más que una ingrata sorpresa que el colegio defienda su participación en la elaboración del mismo.

Este mal llamado “protocolo” no solo está incompleto pues en ninguno de sus acápites menciona los mecanismos que se deben aplicar ante agresiones a periodistas por parte de agentes policiales y más bien, dejaría indefensos a aquellos comunicadores que no sigan los lineamientos de la PNP pues “si se produce alguna afectación a la integridad de los periodistas o comunicadores sociales será bajo su responsabilidad”.

Lejos de hacer un mea culpa ante el caudal de críticas de periodistas, medios de comunicación, gremios periodísticos y entidades, el Gobierno y el colegio salieron a decir que se trata de “un borrador” y nosotros esperamos que no vea la luz.

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